Posteado por: sinopacidad | enero 9, 2009

Con argucias ilegales el gobierno del estado limita la transparencia desde el Maipep

Ernesto Aroche Aguilar

 

El Módulo de Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla (Maipep) que tendría que ser un mecanismo que facilite la transparencia es en realidad un escollo más que ha de sortear el ciudadano para poder obtener acceso a la documentación pública del del gobierno estatal, pues sus disposiciones resultan violatorias a la propia ley de transparencia, y a las resoluciones que ha emitido la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP).

 Cualquier ciudadano que ingrese una solicitud a través del módulo electrónico es advertido de que sólo cuenta con tres días para presentar el pago de los derechos que exige la ley a manera de contraprestación –60 pesos por copia certificada, 25 por disket de 3.5 pulgadas, 30 en caso de elegir disco compacto, o 1.50 por cada copia simple— una vez que ha sido notificado de que la información ya está disponible, a pesar de que dicha disposición no está contenida en la ley de transparencia estatal.

 

La limitante de tiempo es aplicada arbitrariamente –sin especificar en el documento de advertencia que se trata de una disposición contenida en el Código de Procedimientos Civiles al que se acude de manera supletoria— pues hasta el momento sólo se tiene documentado un caso en el que la Oficina del Titular del Ejecutivo intentó impedir el acceso a la información negando la entrega del recibo correspondiente.

 

En dicho caso el Sujeto Obligado, en este caso la oficina de transparencia del gobernador del estado –que atiende Ana Belén Mendieta Lozada, una de las aspirantes a ocupar la vacante en la CAIP que dejó la excomisionada Josefina Buxadé Castelán— primero se negó a entregar el recibo para el pago del documento esgrimiendo como argumento la disposición del pago en un lapso no mayor a tres días como se establece en el Maipep, después dejó transcurrir todo el proceso que se sigue en el recurso de revisión, que duró cinco meses, y unas horas antes de que se dictará la resolución en la CAIP sobre el caso puso a disposición del solicitante el documento de pago, evitando así una sentencia en contra más.

 

Información a precio de oro

 

La Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública (Sedecap), responsable del Maipep, también decidió incluir en el documento informativo que se despliega cuando se inicia una solicitud de información la siguiente leyenda:

 

“La información y documentación comprobatoria del ejercicio del gasto público que, en términos de las disposiciones oficiales aplicables no exista impedimento para proporcionarla, sólo se entregará en forma certificada, previo el pago de los derechos”.

 

Con el anuncio lo que se intenta es limitar el acceso a dicha información pues cada folio fotocopiado alcanza un precio de 60 pesos.

 

La Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) intentó ya en una ocasión utilizar esta argucia para restringir el acceso a la información que según la ley debe ser gratuito.

 

En respuesta a un par de solicitudes para conocer el manejo de los recursos de la partida 2701 –que se refiere al vestuario, ropa y uniformes adquiridos por el gobierno del estado— durante los tres primeros años del gobierno marinista la secretaría de Finanzas intentó obligar al solicitante a pagar casi 4 mil pesos por 68 hojas certificadas.

 

Y argumentaba: “Se le comunica que por normatividad de la Secretaría de Finanzas y Administración la información que emana de la documentación que obra en los archivos de la Dirección de Contabilidad y del Sistema Contable, se dará solo certificada debido a que contiene datos dictaminados por Despacho de Auditores Externos, aprobados y dictaminados por el H. Congreso del Estado en la Cuenta Pública, con la finalidad de que no se altere la información que se proporciona.”

 

La CAIP en el análisis del caso concluyó primero que la documentación solicitada es pública y debe ser entregada sin mayor preámbulo, “la información solicitada es de carácter público, toda vez que los conceptos que engloba la partida 2701 y que adquiere el Gobierno del Estado, los adquiere con recursos públicos en ejecución de su presupuesto asignado, por lo que se encuentra en las obligaciones de transparencia establecidas por el artículo 9, específicamente en las fracciones V y VIII, referentes a que los Sujetos Obligados deberán poner a disposición del público informes sobre la ejecución de su presupuesto asignado”.

 

Pero además reconoce que “del análisis de la normatividad aplicable para la Secretaría de Finanzas y Administración no se advierte que exista disposición que establezca que la información se otorgará sólo certificada, por lo que el Sujeto Obligado al no hacer mención del precepto legal en el que funda sus respuestas, éstas carecen de legalidad, debido a que sólo manifiesta que por normatividad se otorgará en copia certificada, sin que en ningún momento fundamentara su dicho en alguna norma específica”.

 

Situación que se repite en el documento informativo que se despliega en el Maipep al momento de iniciar el procedimiento de solicitar información pública.

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