Posteado por: sinopacidad | diciembre 15, 2008

El Congreso poblano corta la cabeza de Juárez Acevedo

 

Ernesto Aroche Aguilar

La comisión de Gobernación resolvió por unanimidad destituir del cargo al presidente de la Comisión de Acceso a la Información Pública, Antonio Juárez Acevedo, luego de casi 14 meses de que se hiciera público que fungía como secretario general de la Agrupación Pólitica Nacional (APN), Plataforma Cuatro, violando con ello la ley estatal de Transparencia.

 Los integrantes de la Comisión dejaron en manos de la Secretaría de Desarrollo y Evaluación de la Administración Pública (Sedecap) la aplicación de sanciones administrativas, económicas y la inhabilitación del sujeto.

 El dictamen todavía tendrá que ser aprobado el lunes 14 de diciembre por el pleno de la 57 legislatura, pero se espera que pase sin mayor problema.

 Además del acuerdo logrado por unanimidad entre las tres fuerzas políticas representadas en la comisión a cargo –PRI, PAN y Panal—, los legisladores insistieron en que se trata de un hecho histórico para el Congreso “al ser el primer procedimiento de este tipo que se inicia y concluye en forma sancionatoria”,  según palabras del priísta Pablo Fernández del Campo.

 El legislador señaló que la decisión de destituir del cargo a Juárez Acevedo se tomó basada en el artículo 27 de la ley de transparencia, pero que las sanciones que el caso implique, basados en la ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, deberán de ser tomadas por la Sedecap, pues el Congreso carece de facultades legales para ello.

 También especificó que será la misma Contraloría la que definirá si se inicia algún procedimiento penal en contra del integrante de la CAIP al haber mentido al Congreso al haber ocultado su participación en la APN.

 Por su parte, el líder de la bancada panista e integrante de la comisión de marras, Eduardo Rivera Pérez, cambió el tono del discurso que había mantenido en las últimas semanas al festejar al acuerdo al que se llegó para ordenar la destitución de Juárez Acevedo.

 Se dijo “satisfecho y conforme” por la decisión que se tomó, “hay también un conceso por la sanciones que se le deben imponer al funcionario correspondiente, hay diversas propuestas asentadas en el acta, pero es importante señalar que en cuanto a la inhabilitación y sanción administrativa la ley es muy clara al señalar que eso le corresponde a la Sedecap llevar a cabo el procedimiento.”

 Sobre la sanción de tipo penal Rivera Pérez explicó que aún cuando los panistas buscaban que fuera el Congreso el que interpusiera la demanda de tipo jurídico el acuerdo fue que será al Sedecap quien se encargará del tema.

 Explicó también se dejó en manos de la Sedecap no solo de la aplicación de las sino además el tipo de sanción que corresponderá en este caso.

 “Estuvimos estudiando la posibilidad (de sugerir sanciones), pero hay que ser muy cuidadosos, si imponemos una sanción, puede haber una invasión de competencia de una autoridad sobre otra y eso podría restarle solides a la resolución”.

 Aunque señaló que de acuerdo a las sanciones que se establece en la Ley de Responsabilidades, la inhabilitación podría ser de 5 a 12 años, y las sanciones administrativas podría llegar hasta los 8 millones de pesos.

 

La destitución aberración jurídica: Juárez Acevedo

 Antonio Juárez Acevedo, sostuvo que su destitución como presidente de la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP), es una aberración jurídica por parte del Congreso del estado provocada por la presión mediática, esto unas horas antes de que se supiera la decisión final de los diputados responsables de emitir un dictamen sobre el caso.

 En declaraciones a un diario de circulación local el aún funcionario dejó entrever que podría recurrir a la corte federal para sostenerse en el cargo que ocupa desde el 2004, año en que fue seleccionado para ocupar un asiento en la CAIP.

 En palabras textuales Juárez Acevedo declaró:“Me quieren crucificar por algo que no me han probado, pero por si fuera poco, la semana pasada los legisladores autorizaron el nombramiento de Blanca Lilia Ibarra como miembro de la CAIP, siendo que su caso se encuadra en una situación similar a la mía, es decir, ella era titular de una dependencia municipal, por lo que estaría inhabilitada para el cargo, ella no tiene la culpa, pero no le aplicaron la misma ley- artículo 21 fracción sexta- que a mí ahora me condena, y eso no es más que una aberración jurídica”

 “Esperaré con azoro para saber de qué son capaces en el Congreso del Estado, y para comprobar que a los diputados locales se les olvidó la ley al verse acorralados por los medios de comunicación”.  Hoy la espera ya terminó, Juárez Acevedo deberá abandonar su puesto.

 

No me interesa participar nuevamente: Buxadé

 La comisionada “incómoda”, Josefina Buxadé Castelán, descartó la posibilidad de volver a participar en el proceso de sustitución de Antonio Juárez Acevedo, como integrante de la CAIP.

 A partir de hoy, cuando se confirme la resolución del Congreso de destituir a Juárez Acevedo se abrirá una vacante en la CAIP, pues el actual suplente del funcionario defenestrado ocupa un puesto como Consejero en el Instituto Estatal Electoral. Con ese panorama el Congreso tendrá que volver a convocar a los interesados en ocupar el cargo, aunque todavía no se tienen fechas previstas para eso.

 Por lo pronto la comisionada saliente se descartó ya para buscar nuevamente un espacio en la CAIP, al tiempo en que informó que en los próximos días interpondrá un amparo en contra de la decisión del Congreso de imponer como comisionada a Blanca Lilia Ibarra Cadena.

Explicó que su decisión de ampararse responde no sólo a la presunta imposibilidad de Ibarra Cadena para ocupar el puesto, pues violenta la ley estatal de transparencia, además fue producto de un procedimiento con deficiencias jurídicas.

 

Artículo 58.- Las sanciones por responsabilidad administrativa consistirán en:

I.- Derogada;

II.- Amonestación privada o pública;

III.- Suspensión hasta por seis meses;

IV.- Destitución del empleo, cargo o comisión;

V.- Sanción económica;

VI.- Inhabilitación temporal hasta por doce años, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.

Cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto u omisión que implique lucro o cause daños o perjuicios, ésta será de uno a cinco años si el monto de aquellos no excede del equivalente a cien veces el salario mínimo mensual vigente en el Estado, y de cinco a doce años si excede de dicho límite.

Fuente: Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla

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