Posteado por: sinopacidad | septiembre 12, 2008

Especialistas hacen trizas las reformas a la ley de transparencia estatal

Ernesto Aroche Aguilar

“Menos que mediocre”, “maquiavélica”, “con un interés por hacer opaca la información que tendría que ser pública”, “fue un intento de maquillaje legislativo que no sólo mantiene los defectos que ya arrastraba, sino incluso profundiza algunos de ellos”, así calificaron un grupo de académicos y especialistas en la materia la reforma a la ley de transparencia aprobada el pasado 17 de julio por la bancada priista en el Congreso.

El panel conformado por José Buendía, Miguel Carbonell, Sergio López Ayllón, Leonardo Corro, José Antonio Meyer, Manuel de Santiago, René Valdivieso, José Ojeda, Isabel Davara y Víctor Reynoso, convocados por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) que dirige Enrique Cárdenas, el ex rector de la UDLA, evaluaron con 4.2 de 10 puntos posibles el nuevo marco normativo de transparencia en el estado.

Durante la presentación del estudio, que será entregado a los 41 diputados que conforman la actual legislatura y al gobernador del estado, se afirmó que se trató de un trabajo hecho “al vapor” que no favorece la transparencia gubernamental y sólo apuesta por la opacidad.

Pero además apuntaron que la reforma obligada por las adecuaciones al artículo sexto constitucional a la que tuvieron que entrar los legisladores locales se hizo sin entender realmente lo que se hacía, “pues aunque si se corrigieron algunos aspectos negativos que arrastraba la ley, vista en conjunto las modificaciones, se trata más de un retroceso que de un avance”.

Y lanzaron los dardos en contra del partido que impuso una reforma opaca sin haber tomando en cuenta las propuestas de otros institutos políticos y mucho menos de la sociedad.

Por su parte Enrique Cárdenas explicó que lo que se busca es volver a colocar el tema en la agenda pública para que los legisladores vuelvan a trabajar sobre el marco normativo actual y “corrijan muchas de las irregularidades que se cometieron en el proceso de construcción de la ley”.

Llena de contradicciones

Es un documento “lleno de contradicciones”, e “incongruente, inconsistente y poco sustentable”, según afirmaron el secretario general del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), López Ayllón; y el investigador de la UPAEP, José Antonio Meyer, pues se contradice a sí mismo en varias ocasiones, como sucede con los tiempos de reserva para la información y con los tiempos de entrega de la información solicitada.

En el primero de los casos, explicaron la reforma contempla un tiempo de reserva para información clasificada por un máximo de siete años, según el artículo 15, aunque la fracción IV del artículo 14 habla de un plazo no mayor a 12 años, como se tenía antes de la modificación a la ley, “Lo que demuestra el poco cuidado que pusieron los legisladores en la reforma”.

Sobre el segundo punto la investigadora Isabel Davara, especialista en materia de protección de datos personales, explicó que lo que se quiso pasar como un “avance” en voz de los legisladores priistas como una reducción de los plazos, en realidad es un mero “maquillaje legislativo”.

Y es que hasta antes de la reforma la ley contemplaba un tiempo de entrega de la información de 15 días hábiles, con las modificaciones aprobadas el tiempo que se contempla ahora es de 10 días hábiles, pero sólo para notificar que la información ya está en poder de la unidad responsable y se otorgan otros diez días más para su entrega, lo que al final de cuentas representa un lapso real de 20 días hábiles para responder.

De acuerdo con la especialista en lo referente al manejo de los datos personales es donde se encuentran una de las mayores deficiencias e incongruencias del marco normativo actual, “una de las cosas que más nos sorprendió fue el establecimiento de un ‘derecho a la secrecía’, y nadie pudimos explicarnos que es eso, el derecho como tal, a mi me da la impresión que eso es una muestra del espíritu en conjunto de esta ley, esta opacidad, porque hablar de un derecho de secrecía asusta de entrada, pero al encontrarlo en una ley de transparencia parecería una absoluta contradicción”.

La ley en general padece “una deficiente técnica legislativa y argumentación jurídica deficiente, por ejemplo cuando confunden el término de cancelar con suprimir” los datos personales. El primer término, explicó la especialista, se utiliza en materia de datos personales, el segundo no.

 La evaluación

La metodología que siguieron los investigadores convocado por el CEEY estableció nueve campos de análisis con porcentajes distintos: Definición del problema (5%); Alternativas, soluciones y propuestas (15%); Aspectos legales (30%); Simplicidad, claridad y accesibilidad (15%); Impacto anticipado: costos y beneficios (5%); Factibilidad e instrumentación (5%); Congruencia presupuestaria (5%); Cumplimiento, sanciones y monitoreo (15%) y evaluación ex post (5%).

Y fue justamente una de las que más peso tiene en la evaluación en donde se observan las calificaciones más bajas. De los 10 puntos posibles sólo se obtuvieron 3.7 en lo que respecta a “Aspectos legales”, sobre el particular el estudio apunta:

“Las reformas aprobadas se ajustan en algunos de los casos restrictivamente a los mínimos establecidos por el artículo sexto constitucional; en algunos otros aspectos son incluso inconstitucionales. Se trata de un decreto malogrado, por cuanto mantiene intactas las deficiencias de fondo de la ley que fue reformada”.

“Es criticable la inclusión de conceptos jurídicos indeterminados como criterio para establecer la reserva de información.

“La Ley de Transparencia de Puebla anterior y la actual no terminan de superar el prejuicio del posible mal uso de la información por parte de los solicitantes, lo que resulta no sólo indebido sino inconstitucional por contravenir el principio de máxima publicidad.

“El capitulo VII, (que habla del pago por la información a pesar de que se reconoce la gratuidad), de la ley es un claro retroceso en materia de transparencia, porque oculta y dificulta el acceso a la información atentando contra el principio de máxima publicidad”.

Y siguen las críticas asentadas en el documento que puede ser consultado en la página web del CEEY (http://ceey.org.mx/site/): la ley “no es clara ni simple. Contiene multitud de términos y conceptos confusos”; “La reforma tiene altos costos porque mantiene vicios de origen e incluso constituye un retroceso en materia de transparencia”.

 

Necesarios los mejores hombres para los órganos garantes: Carbonell

A decir de Miguel Carbonell, investigador de la UNAM y uno de los especialistas más reconocidos a nivel nacional en materia de transparencia y acceso a la información, es necesario que sean los “mejores hombres y mujeres” los que encabecen los órganos garantes en los estados, para dar así una mayor fortaleza y solidez al trabajo que desde ahí se realiza, pues lo que se ha comenzando a observar en los últimos años es una ofensiva gubernamental contra los órganos de transparencia.

Esa fue la respuesta que ofreció al ser cuestionado sobre la situación irregular que envuelve desde hace ya casi un año el actual presidente de la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP), Antonio Juárez Acevedo, a quien se le señala por violar el marco normativo que está encargado de proteger.

Sin entrar al tema, pues aseguró desconocer lo que ha sucedido, sostuvo que “los órganos en materia de transparencia tienen poco de haber sido creados, están en un estado todavía embrionario, están en un estado en que deben ser fortalecidos y lo mejor que puede pasar para logren esos objetivos es que nombren a las mejores personas para que sean los titulares”.

Alertó además que “a nivel nacional se está dando una ofensiva en contra de los órganos de transparencia, hay un ajuste de cuentas político contra varios órganos que se han demostrado independientes que han ejercido a fondo sus facultades, parece haberse generado un contexto de liquidación y persecución en contra de algunos consejeros y órganos y esto se observa en diversas entidades federativas”.

Cuestionado sobre si es un partido político en especifico el que ha impulsado esa ofensiva el también director de la facultad de derecho de la UNAM sostuvo que en ello no hay colores predominantes, que se trata de acciones y medidas impulsadas por gobernantes de los tres partidos principales.

“Hemos intentado identificar si hay un partido que sea más enemigo de la transparencia, pero yo diría que los tres principales partidos son los principales enemigos. Y este asunto desde un inicio lo hemos tenido que ganar desde la sociedad civil, desde el soporte académico y el activismo cívico, porque los partidos en el gobierno de cualquier color han sido muy muy renuentes”.

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