Posteado por: sinopacidad | julio 11, 2008

Inconstitucional y regresiva la iniciativa priista

 

  •  “Puede ser que estemos frente a la ley más regresiva, junto con la de Querétaro”: Ramón Izaguirre

  • Un estudio de la subcomisión de estudios normativos de la Comaip sostiene que la propuesta de reforma del revolucionario a la ley de transparencia atenta contra la carta magna

 

 Ernesto Aroche Aguilar

 

Cuáles son los mínimos que según ustedes debería cumplir la reforma a la ley de Transparencia que se promulgue, preguntó el diputado perredista Melitón Lozano a dos de los promotores de la iniciativa ciudadana en la materia que se discutió el miercoles pasado en el Congreso.

 La respuesta de los integrantes de la organización Ciudadanos por la Transparencia (Cimtra), Jorge Machuca y Tanivet Reyes, fue un largo listado que incluyó a la autonomía del órgano garante, ampliar el abanico de sujetos obligados y la información de oficio, la transformación de la actual comisión en instituto, ampliando además el número de comisionados, la afirmativa ficta, suplencia de la queja, prueba de daño, la creación de comités técnicos, la ampliación de la información de oficio, especificar los criterios de reserva y la aplicación de sanciones.

 

Puntos, todos estos, que no fueron considerados en la “limitada” y “regresiva” propuesta de reforma que presentó hace un par de semanas la bancada más numerosa en el congreso: el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

 

Los adjetivos al documento no son gratuitos, de acuerdo con Ramón Izaguirre Ojeda, integrante de la subcomisión de estudios normativos de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (Comaip) —organismo que aglutina a los integrantes de las comisiones e institutos de transparencia de todo el país— de aprobarse tal y como fue presentada por los priistas “estaríamos ante la ley más regresiva, junto con la de Querétaro, de toda la nación”.

 

A esos dos adjetivos habría que agregar el de “inconstitucional”, explica en entrevista telefónica el también miembro del Instituto de Acceso a la Información Pública de Guanajuato (IACIP), “pues no está respetando los mínimos que se establecieron en el texto constitucional que fue aprobado por la Cámara de Diputados y Senadores desde el año pasado”.

 

Y es, justamente, la propuesta priista —la que más posibilidades tiene de ser aprobada, pues la bancada cuenta con los 23 votos necesarios para convertirla en ley— sobre la que más críticas se han vertido incluso en el propio Congreso.

 

Un estudio comparativo realizado por el departamento de apoyo parlamentario de ese organismo hace patente las limitaciones del documento priista que nada dice sobre la independencia del órgano garante y mantiene como obligación al solicitante a identificarse para poder acceder a la información, práctica que inhibe la práctica de la transparencia.

 

En el fondo

 

De aprobarse la iniciativa priista tal y como está Puebla pasaría de ocupar el lugar 29 al 33 como entidad transparente, eso sin contar con lo inconstitucional que resulta las modificaciones a la ley estatal, explica Izaguirre Ojeda.

 

“En la subcomisión hicimos un análisis de las propuestas poblanas, concentrándonos en la iniciativa que presentó Jorge Romero (presidente de la Comisión de Transparencia del congreso local) y señalamos algunos puntos preocupantes por inconstitucionales. Y se hará pública una postura desde la Comaip al respecto.

 

Explicó que el documento ya fue enviado a todos los integrantes del organismo “y en los próximos días haremos un pronunciamiento público que será enviado a los legisladores poblanos pero también se hará llegar a los medios de comunicación. Ya lo teníamos hecho, y se lo enviamos al presidente (cargo que en este momento ostenta el presidente de la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP) del estado Antonio Juárez Acevedo), quien nos hizo unas observaciones y nos pidió incluir en el análisis también la propuesta del PAN y del PANAL”.

 

De acuerdo con el análisis de la subcomisión –integrada por dos miembros del InfoDF, el presidente de la comisión de acceso de Morelos, Eleal Acevedo, y la comisionada local Josefina Busxadé), resulta grave que desde la perspectiva priista se omita otorgar la autonomía de la CAIP que exige la constitución.

 

“El que la comisión siga pensándose como órgano auxiliar nos parece muy grave, si ya de inicio la conformación es irregular pues se crea como órgano auxiliar de la administración pública pero sus integrantes son nombrados por el Congreso, existe una caso previó en que la Suprema Corte consideró inconstitucional una intromisión de este tipo entre dos poderes. En los órganos auxiliares no puede intervenir otro poder”.

 

“Además de que la falta de autonomía del órgano garante viola el texto constitucional con una absoluta plenitud. Otro de los puntos es que se mantiene a la CAIP, como un órgano que atiende sólo los recursos del ejecutivo, cuando la reforma es explicita cuando señala que debe existir un solo órgano por estado, primero por especialización, pero también para evitar la multiplicidad y la diferencia de criterios. En Puebla por ejemplo tienen 217 municipios, imagínate pensar en 217 órganos garantes”.

 

“Otro de los puntos que va contra la reforma al artículo sexto Constitucional es que siga pidiendo la identificación del solicitante, proponen medios electrónicos para recurrir a la información pero hay que ratificar personalmente y la dependencia a cargo tres días después, ¿de que te sirven así los medios electrónicos?”.

 

Enfático, Izaguirre apunta: “puede ser que estemos frente a la ley más regresiva, junto con la de Querétaro.  Había pocos puntos que podrían haber tocado (los legisladores priistas) para hacer de esto una ley regresiva y le atinaron a todos y cada uno de ellos”.

 

Son cinco y el tiempo se agota

 

A 11 días de que se cumpla la fecha límite para aprobar la reforma o en su caso la promulgación de una nueva ley de transparencia para el estado son cinco las iniciativas que se discuten en la comisión de transparencia del Congreso, cuatro promovidas por partidos políticos —PRI, PAN, PRD y PANAL— y una de carácter ciudadano.

 

Iniciativas que no han sido leídas en su totalidad por los legisladores encargados del tema, como se evidenció en la sesión de ayer, cuando Cimtra desglosó su propuesta, las preguntas de los diputados priistas —Rocío García Olmedo, Jorge Ruiz Romero principalmente— y de Convergencia —Carolina O’Farril— centraron sus preguntas en elementos que se puntualizan en los más de 150 artículos que contempla la ley, como la ampliación del listado de sujetos obligados, la información pública de oficio y la protección de datos personales.

 

Carolina O’Farril fue incluso más lejos, cuestionando el origen de Cimtra —le informaron que se trata de un conglomerado de ONGs que ha sido cobijado por instituciones educativas— y si el organismo está o no integrado al padrón del Indesol “donde se registran todas las organizaciones de la sociedad civil” al tiempo que se criticaba que se pretendieran hacer públicos datos personales y de la vida privada como origen ético, inclinación sexual, preferencia religiosa y/o filosófica, cuando el texto dice justamente lo contrario, que esos datos estarán protegidos.

 

Y aunque no se llegó a nada, se invitó a los integrantes de esa organización a mantenerse como participes del debate. Por lo pronto los días se agotan y ya sólo quedan tres de las cuatro sesiones programadas en la comisión para llegar a un acuerdo antes de presentarlo en el pleno para su aprobación.

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