Posteado por: sinopacidad | junio 30, 2008

Piden organizaciones una reforma integral a la ley de transparencia en Puebla

Ernesto Aroche Aguilar

 

Como se había anunciado en algunos medios de comunicación hoy será dada a conocer una iniciativa de ley de transparencia y acceso a la información pública impulsada por un grupo de organizaciones ciudadanas , entre ellas Ciudadanos por la Transparencia Municipal (Cimtra), México Abierto y Fundación para el Desarrollo Municipal Sustentable (Fundar); y la Universidad Iberoamericana (uia)

 

Pero el documento, –que será presentado al mediodía de hoy en las instalaciones de la ibero–, va más allá de una mera reforma a la ley actual, pues solicita la creación de una nueva ley en la materia dadas las enormes carencias que presenta el marco normativo actual.

 

En ese sentido Josefina Buxadé, integrante de la Comisión de Acceso a la Información Publica (CAIP) reconoció hace poco más de dos semanas, durante su participación en el coloquio Entre Medios, la necesidad de ir más allá en las adecuaciones de la ley para adaptarla a la reforma al artículo 6to constitucional.

 

En aquella ocasión la funcionaria sostuvo que sería recomendable que los legisladores tienen que publicar una nueva ley y no “parchar” la vigente ya que requeriría reformas en más del 70 por ciento de sus artículos.

 

Y en ese sentido viene la propuesta ciudadana, una nueva ley que establece los principios y bases del artículo sexto constitucional así como los principios de máxima publicidad y disponibilidad de la información, que retoma además estándares internacionales, que colocarían al estado en la vanguardia del tema.

 

Partiendo de la idea, como se señala en el documento que “El Estado está obligado a permitir que todas las personas podamos acceder a la información en custodia del gobierno, para lograr la absoluta transparencia del actuar gubernamental y avanza hacia la plena rendición de cuentas”.

 

Las novedades

 

Entre las novedades por las que apuesta las organizaciones de la sociedad civil está no sólo la autonomía operativa, de gestión y, sobre todo, de decisión del órgano garante, la CAIP, sino su transformación de comisión en Instituto.

 

También proponen la creación de una estructura gubernamental más compleja para la atención a las solicitudes de información que incluye a las actuales unidades de acceso y agrega a comités de información que analizarán el procedimiento de acceso a la información, como actualmente se aplica en el gobierno federal.

 

La propuesta incluye además la suplencia de la solicitud, pero también de la queja, es decir que los encargados del acceso tendrán la obligación de suplir las carencias que puedan presentar tanto las solicitudes como el recurso de revisión, situación que no existe en la ley actual y obliga a los solicitantes a presentar argumentaciones legales cuando se pide la intervención de la CAIP.

 

Se extiende la lista de sujeto obligados a todos aquellos que manejen y/o reciban recursos públicos, lo mismo instituciones de gobierno que partidos políticos, organizaciones no gubernamentales, sindicatos vinculados con la función pública e instituciones educativas.

 

Para el capitulo tres las iniciativa ciudadana pide que la información de oficio que ya se publica en los portales de transparencia sea actualizada de manera constante, pues “la información desactualizada incompleta e ininteligible sobre la gestión de gobierno se convierte en un arma de opacidad”.

 

En el capítulo cuarto la iniciativa establece que el órgano garante, transformado de comisión a instituto, sea el responsable de llevar la cultura de la transparencia a instituciones de educación superior, sean privadas o públicas,.

 

En su siguiente apartado, el que corresponde a la información  de acceso reestringido, se establecen estándares internacionales dentro de las causales de reserva, pero además obliga al sujeto obligado a probar el potencial o “prueba de daño” al interés público en caso de reservar información.

 

El documento que será presentado el día de hoy contiene también un apartado específico de gestión documental y archivos, en donde se establece la obligación constitucional de preservar documentos en archivos actualizados.

 

En el apartado de datos personales los autores del documento reconocen como necesaria una limitante basada en el derecho a la intimidad y la vida privada, aunque se reconoce que existen circunstancias en que los datos personales podrán ser divulgados incluso sin el consentimiento del particular.

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