Posteado por: sinopacidad | junio 20, 2008

La transparencia en Puebla

Puebla, Pue. 11 de junio de 2008

Jorge Machuca Luna*

 

Puebla es la cuarta entidad más corrupta de México según se desprende de la última edición del Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2007 de Transparencia Mexicana, filial de la organización Transparencia Internacional. La entidad fue calificada un punto por encima de la media nacional en corrupción, ya que logró 11 unidades.

 

 La medición, dada a conocer en abril pasado, se efectúa cada dos años y empezó a hacerse en 2001, año en el que Puebla obtuvo una calificación de 12.1 puntos; en 2003 subió a 18 unidades; en 2005 descendió a 10.9 puntos y en 2007 llegó a 11 unidades, es decir que en lo que va del gobierno de Mario Marín, la entidad subió una décima de punto el índice nacional de corrupción.

 

Prácticamente es ese lapso –el de la última medición– el mismo que tiene de funcionar todo el engranaje de transparencia y acceso a la información. El contar con una ley de acceso a la información, la tercera peor del país, ha contribuido sólo a mantener a la entidad entre las más corruptas y al gobierno, en la opacidad.

 

 La Encuesta Nacional 2008, Gobierno, Sociedad y Política, realizada por el Gabinete de Comunicación Estratégica que comanda Liébano Sáenz, refleja que los poblanos reprueban a sus gobernantes: al presidente Felipe Calderón, le han dado un cinco de calificación, y al gobernador Marín, 4.6.

 

 Ambos gobernantes –amantes del culto a la personalidad– han emprendido, cada uno con su estilo y presupuesto, sendas campañas mediáticas para enderezar en la televisión, la radio y la prensa las deficiencias de sus administraciones; la mediocracia gana, el pueblo, pierde y paga. Y ni siquiera sabe con precisión cuánto.

 

 ¿Cuán corrupta es Puebla? ¿Qué tanto ha contribuido la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que tenemos a disminuir la corrupción?

 

 Como un ciudadano usuario de los mecanismos estatal y municipal de acceso a la información, concluyo que en Puebla la transparencia es un mito, que en muchos casos, sólo se ha quedado sólo en un discurso políticamente correcto.

 

 Los ejemplos sobran y han sido documentados especialmente en los medios impresos y en línea, cuyos reporteros han puesto a prueba tanto los mecanismos de acceso a la información, tanto estatal como municipal.

 

 Las omisiones de la Ley de Transparencia han sido grandes herramientas para que los tres poderes, sin empacho alguno, hagan lo que más les convenga para proteger sus intereses y actuar sin dar explicaciones de sus actos ni rendir cuentas de motu proprio de la forma en que ejercen el dinero que reciben de los contribuyentes.

 

 Para ilustrar lo anterior, basta recordar dos casos recientes: la negativa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a entregar copias de los títulos de concesión del transporte público, y otra respuesta en el mismo sentido de la Comisión de Derechos Humanos del estado, organismo que se ha negado a revelar cuántos viajes en el país y al extranjero ha realizado el ombudsman, José Manuel Cándido Flores Mendoza.

 

 El ámbito municipal no escapa a la opacidad. El que esto suscribe, tuvo que esperar ocho meses para obtener una lista incompleta de lo gastado en viajes que hizo la administración de Enrique Doger durante su gobierno[1].

 

 No resulta gratuito que a inicios de este año, en la más reciente medición hecha por la organización Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra), la capital haya aprobado de “panzazo” con 69 puntos de 100 posibles; Tehuacán, la segunda ciudad más importante de la entidad, obtuvo 37 puntos, y peor aún, localidades como Amozoc y Acatlán, fueron calificadas con cero.

 

 Y qué decir del Poder Judicial del estado. ¿Alguno de los presentes sabe dónde está su unidad de acceso a la información? ¿Le ha preguntado algo a algún magistrado, juez, o al presidente del Tribunal Superior de Justicia? El Judicial, como el Legislativo, son juez y parte, ya que sus comisiones de acceso a la información son integradas en el primer caso por magistrados y en el segundo por los propios diputados. La opacidad es la moneda de cambio.

 

Propuesta de ley.

 

De acuerdo al análisis de Perla Gómez Gallardo y Ernesto Villanueva, “Indicadores de transparencia y reforma del artículo sexto constitucional”, de Libertad de Información México Asociación Civil (Limac)[2], la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Puebla promulgada en agosto de 2004, ha quedado rebasada.

 

 Puebla está reprobada. Su ley es una de las tres peores y más atrasadas de México. Obtuvo 4.83 puntos de calificación general; el órgano garante aprobó de “panzazo” con 6.09 unidades, pero en los demás aspectos analizados, la entidad salió reprobada, obteniendo cero en indicadores como la prueba de daño, el periodo de reserva, la afirmativa ficta y las vías de impugnación y definitividad.

 

 En Cimtra y México Abierto, pensamos que se debe promulgar una nueva ley y no “parchar” la norma vigente, que incumple con los mínimos establecidos en el artículo sexto de la Constitución tras su reforma del año pasado.

 

 El “Código de Buenas Prácticas y Alternativas para el diseño de Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública en México”[3], que tuvo su punto de partida en Puebla, el 12 de julio de 2007, y el documento de Limac antes referido, son la base de la presente propuesta que Cimtra y México Abierto presentan como parte de una iniciativa de ley de transparencia para la entidad:

 

 Establecer el principio de máxima publicidad y disponibilidad de la información, y de ser necesario modificar los ordenamientos jurídicos que contravengan este principio.

 

 Atender a los principios legalidad, certeza jurídica, imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de sus actos.

 

 Establecer como sujetos obligados a los tres poderes de gobierno y las 217 administraciones municipales, incluyendo organismos desconcentrados y descentralizados, a las empresas de participación estatal y municipal, y los fideicomisos públicos estatales y municipales; a los organismos electorales del estado y a los organismos autónomos del estado, incluyendo las universidades e instituciones de educación pública, así como a todas las personas físicas o morales que ejerzan recursos públicos, como partidos políticos, sindicatos, organismos empresariales e instituciones de beneficencia.

 

 Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, construir y mantener actualizados sus sistemas de archivo y gestión documental, tener disponible la información pública de oficio, garantizar el acceso a la información y asegurar la protección de los datos personales.

 

 De igual forma se deben establecer procedimientos necesarios para la clasificación de la información, permitir que el instituto de acceso a la información –que sustituya a la CAIP– tenga acceso a toda la información gubernamental y a los archivos administrativos para verificar el cumplimiento de la ley.

 

 Se debe incluir un apartado para la prueba de daño, es decir, la obligación que tienen los sujetos obligados de demostrar que la divulgación de la información lesiona el interés jurídicamente protegido por la ley, y que el daño que puede producirse con la publicidad de dicha información, es mayor al interés de conocerla.

 

 Se propone también la existencia en un primer nivel de la unidad administrativa de acceso a la información; en un segundo nivel de Comités de Información en los tres poderes, los organismos autónomos y los municipios; en un tercer nivel, el más alto, será el del órgano garante un Instituto de Acceso a la Información Pública del estado público autónomo independiente en su operación y decisiones, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

 

 El procedimiento de acceso a la información deberá estar regido por los principios de: máxima publicidad, simplicidad, rapidez, gratuidad del procedimiento, costo razonable de reproducción de la información, suplencia de las deficiencias de las solicitudes y auxilio y orientación a las personas que lo soliciten.

 

 La entrega de la información no deberá estar condicionada a que se demuestre interés alguno o se justifique su utilización, se propone un plazo aplicable para la respuesta a la solicitud de ocho días hábiles y que se incluya la positiva ficta –si después del tiempo de respuesta la autoridad no contesta al solicitante, se entenderá que la respuesta  es afirmativa y la información deberá ser entregada-.

 

 Es necesario también que se considera causa de sanción y responsabilidad de un servidor público, el usar, sustraer, destruir, ocultar, inutilizar, divulgar o alterar total o parcialmente y de manera indebida información que se encuentre bajo su custodia; actuar con negligencia, dolo o mala fe; declarar dolosamente la inexistencia de la información cuando ésta exista total o parcialmente; clasificar como reservada con dolo la información que no cumple con los criterios de reserva establecidos en la presente ley.

 

 Además se debe dar al Instituto la facultad de denunciar ante las autoridades competentes a los sujetos obligados que violen las disposiciones de esta ley.

 

 

*Jorge Machuca Luna es licenciado en Ciencias de la Comunicación egresado de la UPAEP, en donde es catedrático de la Escuela de Periodismo; desde 2005 se desempeña como reportero y coeditor de Milenio Puebla. Además es miembro de las organizaciones Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra) y México Abierto.

 

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[1] Recurso de revisión 004/2007 de la Comisión Municipal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; solicitud de acceso a la información pública folio 48212 del Ayuntamiento de Puebla, Unidad Administrativa de Acceso a la Información de la Tesorería Municipal.

 

[2] Gómez Gallardo, Perla et. al., Indicadores de transparencia y reforma del artículo sexto constitucional, Limac, México, 2007, p. 6, 119 y 120.

 

[3] López Ayllón, Sergio, et. al., Código de Buenas Prácticas y Alternativas para el diseño de Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública en México, CIDE- UNAM, México, 2007.

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Responses

  1. Hola Jorge, abusando de tu tiempo y disposiciòn, te queremos invitar para que mañana viernes 25 de julio nos acompañes a la grabaciòn de un programa de televisiòn que el Centro de Estudios Espinosa Yglesias transmite todos los mièrcoles -de 10 a 11 de la noche- en el canal 26 del SICOM.

    El tema corresponde a las recientes reformas a la Ley de Transparencia en Puebla y la propuesta que ustedes presentaron. Estàn invitados Josè Ojeda y Lilia Vèlez tambièn. Si tù propones a alguien màs, con gusto.

    La cita es a las 10:15 de la mañana en el set del CETEC. La grabaciòn dura 1 hora.

    Te agradezco me confirmes la posibilidad de tu asistencia. Gracias.

    Josè Antonio Meyer


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