Posteado por: sinopacidad | marzo 27, 2008

En Quintana Roo, el acceso a la información a la constitución

Línea Abierta 

Josefina Buxadé Castelán* 

Mientras en Querétaro, como comentamos la semana pasada, los diputados fusionaron la Comisión Estatal de Información Gubernamental con la Comisión Estatal de Derechos Humanos; los legisladores quintanarroenses, el miércoles 13, elevaron el acceso a la información pública a rango constitucional y dotaron de autonomía, desde la Constitución, al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo. Una de cal por las que van de arena.

Este dato de lo ocurrido en Chetumal la semana pasada llama la atención porque desde noviembre de 2007 existían iniciativas de reformas –tanto a la Constitución como a la ley de transparencia locales- para desaparecer el instituto de transparencia y crear en su lugar una comisión con el mismo nombre.

Como ya he escrito en este espacio, un grupo de comisionados integrantes de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública (Comaip) propuso que ante las inminentes reformas a todas las leyes de transparencia, para adecuarlas al nuevo 6º constitucional, se estableciera una subcomisión que analizara las iniciativas retrógradas y elaborara un pronunciamiento, para ser firmado por los miembros de la Comaip.

Esta proyecto –presentado como punto de acuerdo en la VII Asamblea de la Comaip realizada el 15 de noviembre en Colima- fue aprobado por unanimidad de los miembros de la Comaip, y la subcomisión empezó a trabajar inmediatamente, justo cuando el presidente del instituto quintanarroense nos entregó las tres iniciativas de reformas.

Igual que en el caso queretano (reconocido por Miguel Carbonell como “el desastre de Querétaro”), el análisis de las iniciativas y el pronunciamiento no se hicieron con la intención de defender a nuestros homólogos, sino de defender el derecho de acceso a la información pública y de denunciar retrocesos.

En Quintana Roo, además de desaparecer al actual Instituto para sustituirlo por una nueva comisión –compartido por la propuesta de reforma a la constitución del PRI y a las de la ley de transparencia presentadas por el PAN y Convergencia-, la iniciativa del PRI proponía la creación de un Consejo Ciudadano que evaluara y diera seguimiento a la naciente comisión; la iniciativa del PAN la creación de una Comisión Ciudadana de Evaluación y Seguimiento, una Contraloría Ciudadana; y la de Convergencia proponía una Comisión de Vigilancia. Estos órganos paralelos representarían una amenaza a la autonomía con la que deben contar los órganos garantes.

La autonomía de las comisiones e institutos no debe entenderse, por ninguna razón, como un pretexto de impunidad. Estos órganos u organismos deben rendir cuentas, obviamente, a la sociedad, y cualquier mal uso de la autonomía y de las facultades debe revisarse a la luz de los mecanismos de control del Estado; por lo que crear órganos paralelos contribuye a aumentar la burocracia con su consiguiente costo; y a disminuir la autonomía; lo que resulta del todo indeseable.

Además de esta lamentable amenaza a la autonomía del órgano garante, en las iniciativas existían algunos otros retrocesos; tales como confusiones de conceptos –usar indistintamente “derecho a la información” y “derecho de acceso a la información pública”-; suponer que la información pública es únicamente aquella que está en posesión del Poder Ejecutivo y que se refiere a las finanzas; considerar que el uso del sistema electrónico para tener acceso a la información debería corresponder sólo a la Comisión de Transparencia y no a todo el gobierno del estado; restringir al acceso a la información a los ciudadanos mexicanos, en lugar de garantizarlo a todas las personas (independientemente de su edad o nacionalidad); además de algunas otras imprecisiones de técnica legislativa.

Es imposible saber a ciencia cierta cuáles fueron los factores determinantes para que en Quintana Roo se haya dado autonomía constitucional al actual Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en lugar de desaparecerlo, pero ciertamente es un hecho importante desde el punto de vista de reformas que implican avances y no retrocesos en el camino del acceso a la información pública.

*Josefina Buxadé Castelán es comisionada de la Comisión para el Acceso a la Información Pública, josefina.buxade@caip.org.mx. <!– document.write( ‘‘ ); //–> Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de la autora y no necesariamente reflejan la postura de la CAIP.

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