Posteado por: sinopacidad | febrero 19, 2008

Alarma ante retrocesos en las leyes de transparencia

 Línea abierta

Josefina Buxadé*

El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) entregó el miércoles 13, ante el Congreso, una iniciativa de una nueva Ley Federal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

Este movimiento, aunque era esperado –porque todas las leyes del país tienen que ser modificadas para adecuarse al nuevo mandato del 6º constitucional- sorprende por varias razones. Entre ellas porque no se sabe a ciencia cierta de dónde o cómo salió dicha iniciativa; porque nos enteramos por los medios de que el IFAI entregó su propuesta en una reunión a puerta cerrada; y porque resulta conservadora, cuando debería ser de avanzada.

Esta propuesta de iniciativa, que analizaré en mi próxima entrega, no es precisamente vanguardista.

Resulta paradójico que a pesar de haber sido el IFAI el promotor de las reformas al artículo 6º de la Carta Magna en materia de transparencia y acceso a la información pública; ahora presente una iniciativa muy limitada a cumplir la reforma constitucional. Ésta, como se mencionó en varias ocasiones, es un “piso mínimo” que pretende homogeneizar el acceso a la información en todo el país; pues había una gran disparidad en los ordenamientos locales. Pero se esperaba que el piso mínimo no fuera considerado el techo, y que se aprovechara la coyuntura para formular las mejores leyes posibles, incluida la federal.

El 20 de julio se aprobó la reforma, y a partir de entonces, todas las leyes en la materia deben adaptarse –en el lapso de un año- a lo que ordena la Constitución. Lo deseable es, desde luego, que todas las reformas a la leyes sean para mejorarlas y en ningún caso para retroceder.

 Lamentablemente, conocemos ya los casos de dos estados, Jalisco y Quintana Roo, en los que existen iniciativas de reforma que representan regresiones; además de la propuesta del IFAI, que de acuerdo con algunos especialistas representa una contrarreforma. Obviamente no en todos los temas ni en todos los aspectos, pues hay avances importantes. Tanto de los avances como de los retrocesos hablaré la próxima semana.

 Concretamente en Jalisco existe ya un anteproyecto de dictamen para reformar el artículo 9 de la constitución local, presentado por las comisiones de Puntos Constitucionales, de Estudios Legislativos y Reglamentos, y de Participación Ciudadana de la LVIII Legislatura del Congreso de Jalisco. En este anteproyecto se establece que “Las resoluciones del instituto únicamente podrán ser combatidas e invalidadas mediante juicio seguido ante el Pleno del Tribunal Administrativo (…)”. Lo anterior se contrapone con el reformado artículo 6º constitucional, según el cual “Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u organismos especializados e imparciales, y con autonomía operativa, de gestión y de decisión” (fracc. IV). El hecho de que ante un tribunal estatal se puedan impugnar las resoluciones del Instituto representa un grave retroceso que contraviene, de manera expresa, el texto constitucional, porque el Tribunal Administrativo no es un órgano especializado en materia de acceso a la información pública; porque los procedimientos serán más dilatados, en lugar de expeditos; y porque es una violación a la autonomía del órgano garante. Este anteproyecto no ha sido aprobado gracias a la presión de la sociedad; pero representa una amenaza latente.

 Las iniciativas de reforma que existen en Quintana Roo también preocupan, porque los diputados mantienen que el acceso a la información pública quede garantizado para los quintanarroenses y para los ciudadanos mexicanos, cuando se sabe que el acceso debe ser para cualquier persona, independientemente de su ciudadanía o edad. Hablan de la información “gubernamental”, y en alguna parte mencionan sólo la que se encuentra en el poder ejecutivo y que tiene que ver con las finanzas, cuando el acceso a la información debe ser a toda la que se encuentra “en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal” (fracc. 1, art. 6º constitucional). Establecen además, que se registren datos del solicitante, mientras la tendencia nacional es eliminar los datos de identificación de quien solicita información pública.

 Asimismo confunden varias veces el “derecho a la información” con el “derecho de acceso a la información pública”.Tanto en la iniciativa del PAN como en la del PRI de Quintana Roo se establece que los grupos parlamentarios propongan la designación de comisionados/consejeros. Este hecho puede resultar peligroso para la autonomía e independencia del órgano, el cual se pretende que no tenga vínculos con dependencias gubernamentales, mucho menos con los partidos políticos representados en el Congreso del Estado. Este proceso de designación no coadyuva con el concepto de autonomía que pretende el artículo 6º, y resulta regresivo ante la intención de ciudadanizar estos órganos.

 Las iniciativas en Quintana Roo contienen algunos otros intentos de regresión, que ya han sido analizados y denunciados por la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública (Comaip).

 En el tema de transparencia no se debe dar ni un paso atrás. Las leyes tienen que servir para mejorar el acceso a la información, no para limitarlo.

*Josefina Buxadé Castelán es comisionada de la Comisión para el Acceso a la Información Pública, josefina.buxade@caip.org.mx. <!– document.write( ‘‘ ); //–> Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de la autora y no necesariamente reflejan la postura de la CAIP.
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