Posteado por: sinopacidad | febrero 12, 2008

Transparencia en Puebla, de las más rezagadas: Lilia Vélez

La académica también critica la falta de autonomía de la CAIP

Yonadab Cabrera Cruz | Diario Cambio

Asegura que la Comisión de Acceso a la Información, al igual que las dependencias estatales de gobierno, tarda bastante tiempo en proporcionar datos a la ciudadanía, y aunque la ley marca que debe resolver a más tardar en un mes, en la práctica ha tardado hasta 6 meses.

La suplente de Samuel Rangel Rodríguez, integrante de la Comisión de Acceso a la Información de Puebla (CAIP), Lilia Vélez Iglesias, criticó la Ley de Acceso a la Información y Transparencia del estado, porque es una de las más rezagadas a nivel nacional, y dijo que la comisión encargada de la transparencia en la entidad no es autónoma, ya que está sujeta al Gobierno estatal.

Vélez Iglesias señaló que diversas organizaciones no gubernamentales como Libertad de Información México, México Abierto y algunos estudios del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) han determinado que la ley de Puebla en esta materia no favorece el acceso de información, y mucho menos a la transparencia.

Manifestó que la ley tiene mecanismos que desincentivan a los ciudadanos a pedir información, como el hecho de que en la CAIP, y en las Unidades de Acceso a la Información, pidan identificaciones, números de teléfono, ocupación: “no es necesario que sepan dónde vives o cuál es tu teléfono, porque entonces los ciudadanos piensan que las autoridades podrían tomar represalias en su contra”.

También detalló que los requisitos que la misma ley pide a los ciudadanos para que accedan a los datos son complejos y obstaculizan el acceso a la información, sumándole que en caso de que las dependencias del gobierno nieguen información a los ciudadanos, éstos pueden interponer recursos a la CAIP, siempre y cuando los fundamenten en términos jurídicos, así como los agravios de los que fueron víctimas al no recibir los documentos: “estos conceptos a un ciudadano común se le dificulta comprenderlos”.

Expuso que las dependencias del gobierno y la CAIP tardan bastante tiempo en proporcionar datos a la ciudadanía, y aunque la ley marca que esta comisión debe resolver a más tardar en un mes un recurso interpuesto por negar datos, en la práctica la CAIP ha tardado hasta seis meses en resolverlos, o peor aún, no les da soluciones.

Asimismo, explicó que las solicitudes de acceso a la información, antes de llegar a la CAIP, pasan por dos dependencias del Gobierno del estado: la Secretaría de Finanzas y  la Fiscalía Anticorrupción, las cuales deciden la información que se proporciona y llevan las estadísticas de solicitudes y recursos que se han interpuesto ante la Comisión.

Aseguró que en el estado se han dado casos en que los periodistas acuden tanto a las unidades de transparencia del gobierno, así como a la CAIP para solicitar información, y después han recibido llamadas para cuestionarlos acerca de los datos que solicitaron y el motivo por el cual los pidieron: “a los periodistas los han llamado para interrogarlos acerca de la información que piden”.

Sostuvo que los funcionarios y el gobernador Mario Marín se resisten a ser transparentes, y el caso más evidente es que la CAIP, así como las dependencias del gobierno, se niegan a dar a conocer a la opinión pública las facturas de los medios de comunicación que contrató Mario Marín para limpiar su imagen después del escándalo Lydia Cacho: “el argumento que da la CAIP para no mostrar estas facturas es absurdo, pues dice que es información reservada, y no hay razón de que deba ser así, porque la información reservada es la que afecta a las funciones públicas, y el tema de las facturas no es reservado, no puede poner en riesgo al gobierno”.

Por ello, en el estado de Puebla la transparencia y el acceso a la información no es sinónimo de legalidad, porque se puede tener un gobierno que da información, pero al mismo tiempo se cometen actos ilegales. No obstante, el hecho de que haya más transparencia y los ciudadanos exijan información de los gobernantes reduce la posibilidad de corrupción y actos ilegales.

—¿Se ha minimizado el tema de la transparencia en el país y sobretodo en el estado de Puebla? ¿Quiénes lo han minimizado, los políticos o la ciudadanía?

—Creo que hay varios fenómenos y niveles en este sentido. El mayor avance se ha dado a nivel federal, a partir de la promulgación de la Ley de Acceso a la Información Pública Federal en 2002, ya que se empieza a promover una cultura acerca del tema. El IFAI es un órgano mucho más sólido, ha trabajado de manera muy consistente. A nivel federal se han dado los mayores avances, pero a nivel de los estados es muy desigual, cada estado tiene su legislación. Hay algunas mejores y otras que no son las más adecuadas. En el caso de Puebla, es uno de los estados más atrasados, pero la modificación al artículo sexto constitucional permitirá sentar las bases como para una mayor uniformidad en este aspecto.

—¿Es pertinente que el IFAI a nivel federal y las Comisiones y similares estatales sean manejadas por los gobiernos?

—En el caso de la CAIP no tiene una autonomía total, es un órgano que de alguna manera tiene la influencia del gobierno, es desconcentrado pero no autónomo. Pero el IFAI tiene mayor autonomía y funciona mucho mejor.

—¿Qué pueden hacer los ciudadanos ante la opacidad de la CAIP?

—Este momento es muy importante porque estamos en época de elección, yo quisiera que los ciudadanos y los periodistas motiven a los candidatos a que hagan una propuesta de agenda legislativa para reformar la Ley de Acceso a la Información en Puebla. Hasta el momento no he visto una sola propuesta legislativa de agenda de los candidatos a diputados.

—¿El caso Lydia Cacho-Mario Marín fue un detonante importante en el acceso a la información en el estado?

—No hay una vinculación directa, pero motivó a los periodistas para que hicieran algunas peticiones de información, y se han topado con muchos obstáculos del gobierno para transparentar las cosas.

El tema de las facturas de publicidad es importante y está vinculado al caso Cacho- Marín, porque el gobernador ha invertido mucho dinero en publicidad en los medios, para tratar de resarcir los daños a su imagen y para tener una relación más amigable con los propios medios. A cambio lo deben tratar menos duro, se han vuelto menos críticos.

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