Posteado por: sinopacidad | enero 16, 2008

La Oficina de la Gubernatura, una de las entidades más opacas, concuerda CIDE y CAIP

Ernesto Aroche Aguilar / La Jornada de Oriente 

La oficina de la gubernatura es la entidad más opaca de todas las dependencias en el estado –esto sin tomar en cuenta las instituciones municipales–, según señala el estudio más reciente realizado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y la Conferencia Mexicana para el acceso a la información pública (Comaip) –organismo que conforman los institutos y los órganos garantes de la transparencia en todo el país.  

En el estudio, titulado “Métrica en la Transparencia”, que fue realizado entre julio y noviembre de este año por el CIDE, la oficina del titular del Ejecutivo fue la única de las cuatro dependencias a las que se le solicitó información que no accedió a entregar los datos requeridos.

Esto no es nuevo: los datos dados a conocer hace poco más de un mes por la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP), apuntaban a lo mismo; junto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) estatal, la oficina del gobernador es la dependencia que más información ha negado mediante triquiñuelas y argucias legales.

De acuerdo con esas cifras el porcentaje de respuestas negativas de las dos entidades de cada 10 solicitudes de información que les son destinadas una obtiene una respuesta negativa o se le rechaza la solicitud por razones varias, eso sin contar el laberinto burocrático y legal que implica para el ciudadano el uso del recurso de revisión.

El pasado jueves 20 de septiembre el consejero presidente de la CAIP, Antonio Juárez Acevedo, informaba que aunque la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) es la dependencia que más solicitudes acumula en lo que va del año, al contabilizar 213 peticiones, los recursos de revisión que han llegado a la CAIP provenientes de esa dependencia son apenas nueve, poco más del cuatro por ciento.

En cambio la oficina del titular del ejecutivo con 85 solicitudes de información ha sido impugnada por el contenido de las repuestas ofrecidas en siete ocasiones, ubicándose como la segunda dependencia más opaca, sólo por detrás de la SCT, no sólo en número totales incluso en términos porcentuales al negar información el 8.2 por ciento de las veces, aunque el porcentaje podría elevarse si se toman en cuenta las negativas con que se ha respondido a las peticiones realizadas a través del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).

De hecho, y de acuerdo con Antonio Juárez Acevedo, el manejo de los recursos públicos, licitaciones y adjudicaciones y en general cuestiones presupuestales son justamente los temas tabú de la administración que encabeza Mario Marín Torres, a pesar de que son temas específicos que de acuerdo con el artículo 9 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla (LTAIPEP) es obligatorio transparentar.

Puebla, lugar 17

Según el estudio, Puebla quedó ubicada como el estado número 17, de las 28 entidades analizadas en cuanto a su poder Ejecutivo –26 estados, la ciudad de México y el gobierno federal–, que incluyó a las secretarías de Finanzas y Administración (SFA), de Seguridad Pública (SSP) y de Desarrollo Social (SDS) y a la oficina del gobernador, con promedio apenas por encima de la media nacional.

Chiapas, Veracruz, Hidalgo, Oaxaca y Tabasco aunque fueron evaluados también su calificación no fue utilizada en los promedios generales pues son entidades que no cuentan con una norma en ejercicio, explica el documento.

Los puntajes obtenidos en los tres rubros analizados, “Información en internet”, “Atención a usuario” y “Calidad de respuestas”, le permitieron un promedio ponderado de 66.5 por ciento sobre una base de 100, seis puntos porcentuales por arriba de la media que fue ubicada en 60.4, pero casi 20 puntos por debajo de la entidad mejor calificada, el DF que logró un promedio de 85.1 por ciento.

El estudio incluyó comparativos para los sistemas de transparencia del poder judicial y de los principales municipios de las 32 entidades, en ambos casos el estado logró la posición número 12 al obtener respectivamente 71.9 y 65.5 puntos de un máximo de 100.

En el caso del Judicial, del cual sólo se evaluó su portal de internet, el estado reprobó al obtener sólo 51.5 puntos de los 100 posibles, situándose también en la posición 17 respecto a sus similares del resto del país. De acuerdo al estudio, son justamente los poderes judiciales del país los más turbios.

Deficientes, con información caduca, la más de las veces promocional a la dependencia y, hasta hace unos días, a la figura del funcionario a cargo, deficiente usabilidad y saturación, son las debilidades que el CIDE halló en los portales de la mayoría de los poderes ejecutivos analizados, incluido por supuesto el local.

En ese rubro el sistema de transparencia del gobierno poblano apenas logró pasar de panzaso al haber obtenido 60 puntos de los 100 posibles.

Una visita rápida por cualquiera de las páginas albergadas bajo el dominio transparencia.puebla. gob.mx permite comprobar el atraso y la deficiencia en la información ofrecida, la poca actualización que en algunos casos incluso incumple con la normativa de la propia ley que entró en vigor el pasado 16 de febrero de 2006, y fue promulgada el 22 de julio de 2004.

Se trata, esencialmente, de tres puntos en los que la normativa en su artículo 9 es muy clara: el concerniente al gasto, ejecución y regulación del presupuesto –párrafo V– ; las auditorias realizadas por los órganos de control y supervisión –párrafo VII– y el que versa sobre las concesiones, permisos, autorizaciones y arrendamientos –párrafo VIII–, apuntando además como documentos de transparencia obligatoria “las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones y prestación de servicios, así como sus resultados, en aquellos casos que proceda, en los términos de la legislación aplicable”.

Ninguna de las cuatro dependencias analizadas, ni tampoco el resto de las que conforman el aparato burocrático ofrece información puntual sobre la manera en que se ejerce el gasto público, lo único que el ciudadano puede observar en las páginas respectivas son los informes generales del estado de ingreso y egresos.

El más reciente al que se puede acceder en cualquiera de las páginas, sin importar la dependencia pues todas comparten los mismos documentos, informa que en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de julio el poder Ejecutivo obtuvo ingresos por 24 mil 30millones de pesos y egresos por 23 mil 89 millones de pesos.

De acuerdo con el estudio del CIDE, “el promedio de calidad de las páginas se encuentra por debajo del estándar aprobatorio (55 por ciento)” y “existen enormes diferencias de calidad de la información en un mismo gobierno”, con una serie de debilidades como son “desactualización, información confusa, deficiente usabilidad y saturación”, las pocas fortalezas que se reconocen son para las páginas de tres otras entidades –a las que no se nombra– pues “en ellas se puede acceder a los documentos originales a distancia”.

Atención a usuarios

Aunque la evaluación que ofrece el estudio en cuanto a la atención de usuarios se alcanza un nivel satisfactorio de 81 puntos de los 100 posibles, hay elementos que no quedan del todo claros. Sobre todo por el porcentaje reportado para la oficina del gobernador.

La investigación reconoce que se trabajó con estándares mínimos, que incluso en la práctica no se cumplen, por lo menos en algunos puntos como se detalla a continuación.

Los criterios medidos fueron los siguientes: 1. Dirección correcta de la unidad de enlace (según lo publicado) –en el caso concreto de la oficina del gobernador si bien se cumple con lo publicado en su portal de obligaciones de transparencia, para el ciudadano promedio el acceso a la oficina puede resultar problemático y en algunos casos hasta intimidante.

2. Accesibilidad; si el solicitante vive con algún tipo de capacidad diferente, especialmente motora, la accesibilidad es prácticamente nula. La oficina se encuentra ubicada en un segundo piso y no existe mecanismos que faciliten la subida como rampas de acceso o elevadores mecánicos. Lo mismo sucede en el caso de la oficina de atención de la SFA.

3. Tiempo de atención; 4. Espacio y recursos para tramitar la solicitud; 5. Capacitación del personal; 6. Buen trato; 8. Requerimiento de datos personales –se solicita una copia de la credencial de elector, aunque los estándares de mejores prácticas reconózcan la medida como un acto intimidatorio, la ley federal no contempla el requisito–.

9. Interés legítimo; 10. Información sobre costo; 11. Información sobre tiempo de respuesta; 12. Información sobre posibilidad de inconformarse con la respuesta. 13. Entrega de acuse de recibido; 14. Medio de solicitud electrónica; 15. Necesidad de acudir físicamente por la respuesta; 16. Posibilidad de elección de la modalidad de respuesta.

Evaluación de respuestas

Como ya se señaló, la oficina de la gubernatura poblana fue la única de las cuatro dependencias evaluadas que no entregó la información solicitada –una situación similar a la que se vivió en Michoacán, Morelos, Nayarit, Querétaro y Zacatecas–, logrando un resulta en conjunto de 64.5 por ciento sobre una base 100.

Una de las dos solicitudes realizadas a la oficina versaron sobre el tema tabú para el gobierno marinista: el presupuesto destinado a la publicidad oficial.

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  1. […] Más Vistos CIDE y CAIP concluyen el estudio “Métrica en la Transparencia”; incluye el caso poblanoCAIP solapa a los Sujetos […]


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