1.- Entra a http://infomex.pue.gob.mx

1.1 Si no tienes cuenta registrada, regístrate. Click al link marcado en rojo: “regístrate ahora”.

1.2 OJO))) En la pagina hay un manual para solicitar información pública, vale la pena consultarlo

2.- En el módulo de registro te piden los siguientes datos

Personales básicos

 2.1.- Personalidad jurídica.- puede ser física, es decir un usuario normal, o moral, como asociación o empresa incluso

 2.2.- Nombre.- El tuyo o el de tu organización y/o empresa

 2.3- Primer apellido.- pues eso

 2.4.- Segundo apellido.- pues eso

Datos para entrar al sistema

 2.5 Nombre de usuario.- No necesariamente tiene que ser tu nombre, pero si un “usuario” que recuerdes sin problema alguno.

 2.6 Contraseña.- ya sabes: una palabra clave de entre 6 y 12 caracteresque puede incluir mayúsculas y minúsculas (se recomienda), letras y números (se recomienda).

2.7 Reescribir la contraseña.

 2.8 Pregunta secreta.- Para cuando se pierda la clave de entrada

 2.9 Respuesta secreta.- Tú la defines.

 Y ya, hay muchos más campos, pero solo los puntos anteriores son los obligatorios.

3.- Ya dentro del módulo de solicitudes vamos con la solicitud

3.1 En el menú de la izquierda clic a la liga “Nueva Solicitud”

3.2 Información solicitada.- Acá se redacta la solicitud.

Solicitud: “Solicito copia de las declaraciones de situación patrimonial a las que está obligado el gobernador del estado, Mario Marín Torres, de los años, 2005 y 2010. En el entendido de que se requiere la autorización del titular de esos datos solicito se le pida su autorización y se entregue la información requerida en versión digital vía el sistema Infomex, o en su defecto en copias simples”

3.3 Sujeto Obligado.- Por el momento solo se considera al “poder ejecutivo” (gobernador y toda la estructura de gobierno del estado)

3.3 Unidad de acceso.- A donde va dirigida, en este caso la “Oficina de la Gubernatura”.

 3.4 Cómo desea recibir información.- Sugerencia, pídanlo “Vía Infomex” para que reciba la información desde el mismo módulo. En su defecto pidan “copia simple” el costo por hoja para 2010: 1.5 pesos.

3.5 Datos del solicitante. Nada, acá ya lo tienen resuelto.

 3.6 Información estadística. No hay campos obligatorios, se pueden brincar todo y darle directamente a

 3.7 Enviar. Voilá…a esperar 10 días hábiles (2 semanas en días naturales) a que les respondan (entonces la respuesta será negativa y llegará el momento de preparar un recurso de revisión, pero esa será ya otra historia y para entonces ya tendremos listo el machote del recurso)

Los diputados que integran la actual legislatura no saben de crisis ni de problemas económicos, pues prácticamente duplicaron el parque vehicular del Congreso del estado en tan sólo un año.

De acuerdo con información que fue proporcionada por la Unidad de Transparencia del Congreso el número de vehículos aumentó de 14 unidades que se tenía registradas a finales del 2007 a 27 al cierre del 2008, primer año de trabajo de la 57 legislatura.

Entre esas 13 unidades nuevas que llegaron al Congreso se autorizó la compra de dos camionetas de casi medio millón de pesos cada una –que representan una tercera parte del gasto total– y que están asignadas a la bancada priista, aunque a decir de fuentes legislativas el presidente de la Gran Comisión, José Othón Bailleres Carriles, hace uso también de la camioneta Toyota Land Crusier que dejó a su salida el anterior líder priista y actual secretario del Trabajo y Competitividad, Pericles Olivares Flores.

En total el Congreso gastó 2.4 millones de pesos en la compra de vehículos nuevos durante el 2008, muy lejos de los 423 mil pesos que se gastaron en el primer año de la legislatura pasada en la compra de un solo vehículo, una Chevrolet Sonora 2005 que fue asignada al entonces presidente de la Gran Comisión y líder de la bancada priísta, Rafael Moreno Valle.

El resto del parque vehicular nuevo está compuesto por cinco jettas, cinco lupos, ambos de la marca Volkswagen, las dos camionetas Tahoe, y una Chevrolet Silverado.

Entrevistada en marzo del año pasado la presidenta del comité de Administración en el Congreso, Malinalli García, priísta de filiación justificaba la compra al asegurar que se contaba con modelo 1995, “incluso hay uno que está completamente acabado, está inservible. Nos salía más caro repararlos porque eran de tres legislaturas atrás que no se compraba el parque vehicular. Se designaron cinco autos Jetta para las fracciones parlamentarias, excepto el PRI, dos camionetas para las giras de los diputados”.

Inequidad priísta

La bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) no sólo es la más numerosa –lo que le ha permitido imponer reformas y aprobar cuentas públicas por mayoritero—además es la que más prebendas tiene en materia de vehículos oficiales.

No sólo tienen asignado una camioneta cuyo costo supera los 413 mil pesos –la Chevrolet Tahoe—, y que originalmente estaba destinada, según palabras de Malinalli García, a “las giras de los diputados”; mientras que a los líderes de las otras cinco bancadas con representación se les asignaron solamente un Jetta, cuyo costó según los datos proporcionados por el propio Congreso apenas supera los 152 mil pesos.

Además, como ya se señaló, usan también el vehículo más caro que tienen registrado en el parque vehicular legislativo: la Toyota Land Cruisier que dejó a su salida el actual titular de la STC, y por la que se pagaron a principios del 2007 casi 700 mil pesos.

De hecho en la legislatura pasada sólo el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) tenían asignados vehículos. Rodolfo Huerta, entonces líder de los perredistas tenía asignado un Platina 2004, mientras que Víctor León Castañeda, dirigente de los azules, tenía a su cargo un Peugeot 206.

En cambio entre los priista no sólo el líder de la fracción gozaba de vehículos pagados con dinero del erario, el entonces diputado Fernando Morales Martínez –hoy precandidato priista a una curul en San Lázaro— tenía asignada una Suburban modelo 2000.

El resto de los vehículos estaban a cargo del Jefe de Servicios Generales, primero Lorena Herrejón Abud, y más tarde del también militante priísta Armando Díaz Arteaga –quién actualmente se desempeña como secretario técnico del actual presidente de la Comisión de Acceso a la Información Pública, Samuel Rangel—; de la secretaría General que tenía a su cargo Jorge Mora Acevedo, de la dirección de Administración del Congreso que encabezaba Eduardo Tovilla Lara y de la dirección administrativa que dirigía Sacramento Munive García.

Los priistas se consienten

Acababa de iniciar los trabajos de la 56 legislatura, cuando el recién nombrado líder de la fracción priísta y ex secretario de Finanzas, Rafael Moreno Valle, se autorizaba el gasto de 423 mil 990 pesos para la compra de una Chevrolet Sonora, la camioneta por supuesto fue asignada a su oficina.

Dos años después, y luego de la salida de Moreno Valle para contender como candidato del PAN a una senaduría, su sucesor, Pericles Olivares Flores, ni tardo ni perezoso también se autorizó la compra de una camioneta, más lujosa que la que traía su antecesor.

Los documentos oficiales señalan que el 31 de enero de 2007 Olivares Flores recibió una Toyota Land Crusier para su uso personal que costó casi 700 mil pesos. La camioneta fue heredada al actual líder de la fracción priísta.

“Nos salía más caro mandar a repararlos”: Malinalli García

Martha Montero Pérez

Entrevistada unos cuantos meses después de iniciados los trabajos de la 57 legislatura, Malinalli García Ruiz (MGR), presidenta del comité de Administración en el Congreso, reconocía la renovación del parque vehicular, sin mencionar claro que prácticamente se estaba duplicando el número de unidades.

El Columnista: Pareciera que hay un subejercicio en los gastos, compraron parque vehicular con un valor de dos millones de pesos, la adquisición del Seguro de Gastos Médicos Mayores…

MGR: En efecto se compraron vehículos, porque los que teníamos eran modelo 1995, incluso hay que está completamente acabado, está inservible. Nos salía más caro repararlos porque eran de tres legislaturas atrás que no se compraba el parque vehicular. Se designaron cinco autos Jetta para las fracciones parlamentarias, excepto el PRI, dos camionetas para las giras de los diputados.

El Columnista: ¿Cuánto se pagó por la adquisición de los nuevos vehículos?

MGR: Dos millones 418 mil 227 pesos, con IVA incluido. Y fueron una Chevrolet Silverado con un valor de 173 mil 220 pesos; dos Chevrolet Tahue, costo total por las dos 832 mil 72 pesos; cinco VW Jetta con un costo total de 764 mil 475 pesos. Cinco VW Lupo con un monto de 648 mil 460 pesos.

El Columnista: ¿Cuánto costaba reparar las unidades viejas?

MGR: En 173 mil pesos.

El Columnista: ¿Qué van hacer con los unidades inservibles?

MGR: Las pasamos a servicios generales y estamos viendo la manera de sacar la convocatoria para venderla a los trabajadores del Congreso del Estado. Estamos hablando que sólo van a participar trabajadores. Diputados, directores y secretarios generales estarán impedidos. De plano hay una unidad que no sirve para nada la dejaron pésimamente mal.

El Columnista: ¿Se decía que fue el vehículo que estaba asignado al PAN?

MGR: (Risas) Si pertenecía a una fracción, no recuerdo si era la del PAN.

Gastaron más de un millón de pesos en viajes, pues contaron con un presupuesto de ese tamaño, salieron de gira y a reuniones en otros estados del país e incluso a otras naciones, pero nada obliga a los diputados locales a entregar comprobantes del manejo de los recursos, extraídos del erario, que se les entrega para cada periplo realizado.

 Esa fue la respuesta que ofreció la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Congreso del estado a una solicitud de información:

“Respecto a los comprobantes de gasto, el numeral 5 relativo a pasajes, sección II, párrafo sexto, del apartado I de Disposiciones Generales de la Normatividad para el Trámite de pasajes y viáticos del Congreso del Estado, únicamente señala que para la comprobación, bastará el Oficio de Comisión y el Recibo Oficial por los recursos recibidos”.

Ni facturas, ni boletos, ni algún otro comprobante de gastos están obligados a presentar los legisladores, sin importar si el destino del viaje es nacional o internacional como sucedió en el caso de los tres diputados que si cruzaron la frontera a costa del erario público.

Tampoco es obligación presentar informe de actividades, agenda de viaje ni cartas de invitación para justificar las salidas, como lo reconoce la unidad responsable –a cargo de Alexandra Herrera Corona, también comisionada suplente de la Comisión de Acceso a la Información Pública— en la respuesta emitida.

“Sobre informes presentados, cartas de invitación y agenda del viaje, le informo que dichos datos no se encuentran documentados, ni existe una obligatoriedad por parte de los diputados de generarlos, por lo que no constituyen información pública”

Así, resulta imposible a la ciudadanía conocer no sólo el manejo de los recursos, sino las razones o motivos que funden las salidas de los legisladores, y por ende los resultados logrados.

El caso Marín

El viernes ocho de febrero de 2008 Enrique Torres Marín, diputado de Tepexi y Joel Jaime Hernández Ruiz, representante legislativo de Chiautla de Tapia, ambos municipios enclavados en la mixteca poblana, salieron hacía San Antonio Texas.

El motivo del viaje, según un documento que entregó la UTAIP, era “atender asuntos migratorios” pues el primero de los legisladores es el presidente de la comisión de Migración en el Congreso.

Allá, los dos legisladores que esperaban “conocer la situación laboral de los migrantes poblanos avecindados en esa urbe de la Unión Americana y establecer convenios de colaboración que generen el desarrollo social de nuestro estado” (sic) sólo se sumaron a la comitiva que acompañó al gobernador de Puebla, Mario Marín Torres –hermano por cierto del representante de Tepexi— durante su periplo por aquella ciudad.

Así, Enrique Marín y Jaime Hernández se sumaron al grupo integrado por el secretario de Desarrollo Rural, Alberto Jimenez Merino, el entonces titular de la oficina de Atención del Migrante Poblano, Carlos Olamendi; y con el rector de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), Enrique Agüera Ibañez.

Los diputados, según se explica en el documento entregado, acompañaron al Ejecutivo del estado en su visita al Rodeo Internacional de San Antonio Texas, en donde se exponían diversos productos agroindustriales poblanos. Asistieron también a la firma de un convenio de colaboración entre la UAP y la Universidad de Texas, más tarde sostendrían, junto con toda la comitiva, una reunión con migrantes en la Casa de Puebla Houston.

Enrique Marín, aseguró al Congreso que resultado de ese periplo se obtuvieron como resultado los siguientes beneficios para la ciudadanía poblana y especial para los habitantes de Tepexi: “establecer convenios de colaboración que atraigan la inversión extranjera a nuestro estado, con la finalidad de lograr un desarrollo social favorable que genere servicios de salud y educación de excelente calidad”.

También se logró, según el diputado priista, “difundir, promover y emprender programas que impulsen el desarrollo del campo y artesanal, como por ejemplo, a través de ferias comerciales en las que se promuevan los productos poblanos” (sic).

Por último, los diputados lograron “conocer y difundir el funcionamiento de organizaciones de apoyo a migrantes, como la Casa Puebla-Houston, donde se pueden brindar diversos tipos de apoyo y asistencia a los migrantes y de las cuales a veces se carece de información”.

Sobra decir que hasta la fecha dichos “beneficios” para la comunidad no se observan ni se han traducido en acciones concretas.

Antonio Juárez Acevedo, integrante de la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP) esperó más de cuatro años para reconocer públicamente que el gobierno del estado incumple en sus obligaciones de transparencia, como lo hizo en una entrevista radiofónica.

Y lo hizo después de afirmar que él y la CAIP son el único garante que tiene el ciudadano en Puebla para la transparencia gubernamental.

Ahí también se dijo seguro de que echará abajo la resolución del Congreso de destituirlo mediante un juicio de amparo federal.

En la charla que ofreció a Oro Noticias, su primera salida a medios desde que los 41 diputados decidieran su remoción como integrante de la CAIP al comprobarse que ocultó su pertenencia a la Agrupación Política Nacional (APN) plataforma cuatro, Juárez Acevedo también dio a conocer que ya inició un procedimiento legal en el juzgado segundo de distrito en contra del Congreso al negarle este una información que solicitó.

De hecho, explicó, son tres ya los frentes legales que tiene abiertos los diputados por errores y deficiencias en el manejo del tema, el primero corresponde a acción de inconstitucionalidad que inició la Comisión de Derechos Humanos por las reformas a la ley de transparencia, el procedimiento se analiza en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El segundo por el amparo que promovió Josefina Buxadé Castelán al proceso de selección en donde se eligió a Blanca Lilia Ibarra como su sustituta en la CAIP.

Y el tercero el que inició el propio Juárez Acevedo ante la negativa del diputado panista, Eduardo Rivera, por responderle de donde había obtenido los documentos con los que acusó al funcionario de mentirle al Congreso.

A continuación la charla completa extractos más significativos de la entrevista

Iván Mercado (IM): Me resisto a pensar que es un tema de salario, pero no entiendo porque sigues, pero insisto porque sigues ahí.

Antonio Juárez Acevedo (AJA): Sigo ahí, Ivan, porque fui electo por seis años, fui electo en el año 2004 y estaré ahí hasta el 2011, no fui electo por esta ni por la anterior legislatura, de hecho ya vi pasar tres legislaturas. Fui, además, el único comisionado que fue electo por seis años. La comisión tenía cargos diferenciados tuvimos uno electo por dos, otro más, Josefina Buxadé, por cuatro, y el único que se eligió para seis años fui yo, por eso sigo en la Comisión.

Porque sigo legalmente en la Comisión, tu recordarás Iván que fui destituido el 15 de diciembre, el 16 se me notificó y el Congreso se fue de vacaciones a partir del jueves, regresó hace una semana, y eso quiere decir que no están corriendo los términos (sic). Eso quiere decir que ante una destitución la ley de responsabilidades dice que procede el recurso de revocación, uno tiene el recurso de promover un recurso de ese tipo.

La ley de responsabilidades dice que ante la decisión del Congreso del estado puedo promover un recurso de revocación, y por eso sigo en la Comisión en tanto no se resuelva ese recurso sigo siendo comisionado.

Este es un trámite engorroso e inútil, y también lo es para el Congreso, porque ellos se van a mantener en su posición y yo en la mía, sin embargo para recurrir al juicio de amparo, que es un juicio extraordinario y la autoridad me exige que primero me termine de pelear con los diputados. Es un trámite inútil porque la misma autoridad que emitió la resolución sobre la que se está inconformando el sujeto tiene que resolver la inconformidad antes de poder llevar el caso ante un juez federal.

Yo te puedo asegurar que el Congreso del estado tiene un negro panorama, yo creo que tengo la razón, sin entrar en detalle sobre las irregularidades del proceso, yo le demostré al Congreso que no es cierta la imputación que me están haciendo.

Repito, el Congreso tiene un negro panorama porque los criterios jurídicos que yo tuve… hemos tenido un buen trabajo en la comisión, me han promovido cuatro juicios de amparo, los cuatro los gané, y dos de ellos los perdí ante un juez de distrito. No es fácil ganarle a un juez de distrito, perdí dos de los juicios, interpuse los recursos de revisión y los tres magistrados federales, que son gente muy seria. Eso quiere decir que no estoy tan perdido, que tengo idea de lo que estoy haciendo.

El Congreso del estado el día de hoy tiene abierta una acción de inconstitucionalidad porque con la reforma a la ley de transparencia se violó la Constitución, pues no alcanzó las exigencias mínimas del artículo sexto constitucional. El Congreso tiene abierto un frente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estoy casi seguro que va a perder y va a ordenar que se reforme nuevamente la ley.

Pero además tiene abierto otro frente en el juzgado primero de distrito en el estado tiene la demanda de Josefina Buxadé. Ella argumenta que se violó la ley, y que se vuelve inconstitucional.

Por si fuera poco tiene abierto un tercer frente, y de eso no había hablado, por Eduardo Rivera se negó a responderme, con motivo del procedimiento que se sigue en el Congreso, decidí hacerle una pregunta al panista a través de la Unidad de Acceso a la Información del Congreso yo que más o menos algo debo saber de transparencia. Le pedí que me dijera de donde había sacado los documentos para acusarme. El discurso de la transparencia del PAN se vino abajo porque no supo que contestar, entonces promoví un recurso de revisión para que fuera la comisión de transparencia dijera si estoy bien o mal. Ese es el tercer frente que tiene abierto el Congreso, por negarme la información.

Yo creo que todos esos juicios los va a perder. En la resolución el Congreso acepta que hay inconsistencias, el IFE está reconociendo que no puede afirmar de manera contundente que yo lo sea, a través de 18 pruebas presentadas por tu servidor. Al Congreso no le queda más remedio que mencionar que hay inconsistencias pero no desarrolla nada, por eso su resolución es ilegal.

Ahora el Congreso debe reunirse para resolver el recurso en el pleno. Es un trámite engorroso y solo estoy esperando que ratifique su decisión, que estoy seguro que así hará, para que de ahí nos vayamos a un juzgado de distrito.

Otra de las razones porque las que no me voy es porque la Comisión tiene autonomía, a caso no es esto también una lucha por la autonomía de la Comisión.

En los últimos meses le he ordenado a la Secretaría de Finanzas a través de resoluciones del pleno que informe de los vehículos del gobierno del estado, quien los tiene asignados, quienes son los proveedores, cuanto pagaron por los vehículos, son ordenes que da la Comisión.

Le hemos ordenado que informe sobre las donaciones de dinero e inmuebles; hemos ordenado que hagan públicos los vales de gasolina, ¿cuánto da? ¿a quién se los da? La CAIP es la única dependencia en todo el gobierno del estado, e incluye al ayuntamiento y a la BUAP, que publica sus sueldos desglosados, lo mismo en el presupuesto.

Si yo me voy, Iván, ¿tú crees que al día siguiente seguirán los sueldos de la CAIP en internet, seguirá el detalle de todo lo que se gasta en la CAIP, si nadie lo hace en el gobierno del estado.

IM: Es intrascendente lo que piense yo, lo importante es lo que pienses tú

AJA: Yo creo que no.

Los gastos de representación en la Comisión ascendían a 160 mil pesos, durante el último año, durante mi administración, los gastos se redujeron a 2 mil 600.

La ciudadanía está pagando tenencia, la CAIP y Antonio Juárez Acevedo es la única garantía que tiene un ciudadano parea saber que le está pasando a ese dinero que está entregando en el banco para pagar su tenencia, solo como un ejemplo.

IM: ¿Tu eres el garante de la transparencia?

AJA: Así lo he hecho en los últimos tres años.

IM: No quiero entrar en una polémica contigo, pero tengo que recordar que se te acusa de mentir.

AJA:  No es cierto, y así lo demostraré, ya se lo demostré al Congreso del estado.

IM: Yo reitero, se te acusa de mentir, tu me dices, te tengo que culpar a ti y a los medios de comunicación.

AJA: Yo…

IM: Déjame hablar, ahora déjame hablar a mí.

AJA: Exacto.

IM: Como medios lo único que hacemos es transmitir lo que las fuentes de información nos aportan, te invitado muchas veces a este estudio y de muchas veces has venido tres. ¿Es correcto?

AJA: Así es.

IM: Ahora estás en este espacio culpando a este servidor y al medio que represento de una situación que tu vives, y que en su momento no es cierto que has aclarado públicamente, porque me estás argumentando que este espacio es muy importante, cosa que te agradezco, y que no vas a entrar en detalles para no quitarme el tiempo. No, no, si lo que queremos, es que nos digas que pasó. No, no, si lo que queremos, Antonio, y te lo vuelvo a preguntar, es que nos digas porque sigues en la Comisión cuando tú sabes que ya no tienes calidad moral para estar ahí.

AJA: Ya lo descredité, y así lo pude hacer

IM: Puede ser que lo hayas desacreditado legalmente, pero en materia de percepción pública… estás consciente de lo que te digo

AJA: Si. Yo decidí mantenerme al margen por muchas razones que no vienen al caso, porque quizá te sentirías tu agredido…

IM: No, no me siento

AJA: Cuando he dado entrevistas de radio o televisión me las editan, cuando doy una declaración en medios escritos y escriben todo al revés, yo decidí no litigar en los medios, desafortunadamente creo que este problema no es tan serio como se le ve, y creo que los diputados se sienten acorralados por los medios de comunicación.

IM: Porque ahora, porque no antes

AJA: Eso siempre se ha sabido, Iván, desde los tiempos de Roberto Díaz, en un informe publico se dijo que no estaban cumpliendo, sacaban 5 o 6 de calificación en el cumplimiento de la ley. Hay un sistema aprobado por el pleno de la Comisión.

IM: Y porque no lo han denunciado

AJA: Porque tenemos en este tema facultades como la Comisión de Derechos Humanos, solo para recomendar. No podemos obligar al gobierno del estado, porque nuestras facultades son solo eso.

IM: Pero moralmente me parece que debiste haber dicho, cuando eras presidente de la Comisión, que las instancias de poder en este estado no están cumpliendo como me lo estás diciendo hoy, pero cuando eras presidente, incluso cuando no estabas en la polémica.

AJA: Está esto totalmente documentado, Iván, hay un sistema de evaluación aprobado por el pleno, es una de las mesas de la comisión. La transparencia no es un problema de la comisión. El Congreso del estado debe reformar la ley para cumplir con la Constitución, el gobierno del estado debe cumplir con los mínimos obligatorios. Me reuní con el Contralor del estado por más de una hora para explicarle cuales eran las reformas, eso ya lo sabe la Contraloría, eso lo tienen los titulares de las dependencias. No es solo la Comisión. Si el Congreso no ayuda…

IM: ¿En tu lectura estamos viviendo una gran ficción?

AJA: Yo… te lo dejo a la percepción…

IM: No, aquí ya no es un tema de percepción, ¿en tu lectura y tu experiencia estamos viviendo una ficción de información pública y transparencia del estado?

AJA: Un incumplimiento de la ley, no quisiera hablar de ficción, te puedo decir objetivamente que la Constitución dice una cosa y el Congreso tiene que obedecer y reforma la ley. La ley de transparencia dice una cosa que debe estar publicada en internet y el gobierno no lo está publicando. La comisión va bien…

IM: No, no, espérame no puedo entender como me estás hablando de una gran ficción cuando tú me estás hablando de una gran ficción.

AJA: En el trabajo interno…

IM: No, pero en el trabajo interno…

AJA: ..En sus recursos de revisión

IM: De acuerdo, pero Toño

AJA: Perdóname Iván, esa es la parte que le toca a la Comisión, el recurso de revisión, porque yo no me puedo meter en la ley de transparencia, porque eso es una facultad del Congreso, no puedo obligar al gobierno del estado…

IM: Entonces para que queremos una comisión que está cumpliendo bien con sus recursos internos, pero que está como me lo citas esta mañana atado de manos.

AJA: Necesitamos un Congreso que reforme la ley y le dé más facultades a la Comisión

IM: Entonces no están siendo ustedes participes de esa misma ficción, cuando saben que esto es una ficción, me lo has dicho esta mañana cuando me dices que no se está cumpliendo

AJA: Trabajamos todos los días con los funcionarios del gobierno del estado, diciéndoles cuales son sus obligaciones. Ya hablé con el Contralor, depende de él, ya no depende de nosotros.

IM: Toño Juárez, que dilema y que acabas de destapar…

AJA: Es algo público…

Primera de dos partes

Con un plan a 100 días, que aún está preparando, y sin la presencia de los medios de comunicación ni invitados de ningún tipo Samuel Rangel Rodríguez fue electo por unanimidad y tomó posesión como presidente de la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP), luego de que concluyera el periodo de Juárez Acevedo al frente de ese organismo.

Entrevistado horas después del evento protocolario, el funcionario reconoció que hay poca voluntad política del gobierno del estado y del propio Congreso para llevar adelante la transparencia gubernamental.

En la charla también adelantó que por el momento el trabajo en ese organismo se repartirá solamente entre él y la nueva integrante de la comisión, Blanca Lilia Ibarra Cadena, pues Antonio Juárez Acevedo se enfocará “a arreglar su situación jurídica y mantendrá un bajo perfil”.

Cuestionado sobre si la permanencia de Juárez Acevedo en la CAIP —quien se ha aferrado al puesto a pesar de que ya fue destituido por el Congreso del estado—representa un lastre para la nueva época que se inicia, Samuel Rangel insistió en que de momento el trabajo para recuperar la credibilidad perdida descansará en los hombros de la comisionada Ibarra y los suyos.

“Toño (Juárez Acevedo) nos dijo ayer, señores ustedes dos pónganse a trabajar, tienen todo mi apoyo, pero yo ahorita me dedicaré a mi situación jurídica, no nos hemos detenido y nos vamos a detener. Toño está trabajando, está sumando, tenemos planes y muchas ideas. Ayer fue muy claro cuando nos dijo ‘yo estoy viendo mi situación jurídica, me voy a mantener en un bajo perfil, no quiero ensombrecerlos, no voy a dar entrevistas, no voy a asistir ni siquiera a eventos para no desviar la atención, señores yo me hago un paso para atrás, trabajen’, lo que Toño no quiere es ensombrecer.”

Capacitación y publicidad

“Tenemos un proyecto que estamos autollamando ‘los primeros cien días’ que eventos vamos a hacer, con quien lo vamos a hacer, con quien vamos a firmar convenios, vamos a analizar y priorizar con cuanto contamos para realizarlos y sino pues buscar al gobierno del estado para que nos apoye en el tema de la transparencia, pero estamos todavía arrastrando el lápiz.

Reportero (R): ¿Que es lo prioritario?

Samuel Rangel Rodríguez (SRR): Dos cosas, capacitación de funcionarios y dar a conocer la transparencia en el estado, en la capital y en el interior. La propia Blanca Lilia me estaba comentando ayer que organizó un concurso de cartel en el municipio con el tema de la transparencia, y le llegaron cualquier cantidad de carteles sobre el IFAI, falta mucho darle a conocer a la gente que es la transparencia, que es el acceso a la información, su derecho a pedir y exigirle al gobierno que rinda cuenta, hace mucho trabajar sobre eso.

R: Hasta el momento las páginas de transparencia ni siquiera cumplen con la información de oficio mínima que se estableció en la reforma a la ley que se aprobó en junio pasado. Son 14 los apartados que se reconocen y el gobierno solo pone al alcance de la ciudadanía 12, ¿qué ha pasado ahí?

SRR: Te puedo decir que a finales de noviembre y principios de diciembre se hizo una sesión en donde se modificaron las obligaciones de transparencia para armonizarlas con la reforma al (artículo) sexto constitucional y se mandó oficio a todas las dependencias para que se cumpla con ello. Eso se hizo, tarde si tú quieres, pero se hizo.

Ahora, hay un problema, nosotros solo emitimos recomendaciones, no podemos ir más allá.

R: ¿Es necesario que se lo solicite algún ciudadano que se inconforme para que puedan actuar

SRR: Eso ya está en la ley, lo que queremos hacer es sensibilizar al gobierno, y para ello es necesario capacitarlos. Te sonará a burla, pero llegamos a tener algunas pláticas con funcionarios y ellos decían, ‘ya clasificamos todo’, y esto te lo puede platicar perfectamente Javier García (titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas), “si, ya está todo (la información) clasificado”. No, espérame, esa es la excepción, la norma es que todo es público. Bueno, se quedaban helados.

Tenemos un gobierno no acostumbrado a responder, pero también tenemos unos ciudadanos no acostumbrados a preguntar, y de lo que se trata es que ellos preguntan.

R: Seguimos teniendo entonces una comisión atada de manos, es una comisión que no puede ir más allá.

SRR: Esa fue la ley que nos dio el Congreso, buena o mala, según Alonso Lujambio tiene más luces que sombras, pero hay un tema sensible, no hay sanciones. En muchos estados, y no voy lejos, Morelos, hay sanciones económicas, se destituye, se inhabilita, nosotros solo recomendamos. El IFAI lo manda a la Secretaría de la Función Pública, como está Puebla, igual que el IFAI, lo debemos remitir a la Sedecap.

El Módulo de Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla (Maipep) que tendría que ser un mecanismo que facilite la transparencia es en realidad un escollo más que ha de sortear el ciudadano para poder obtener acceso a la documentación pública del del gobierno estatal, pues sus disposiciones resultan violatorias a la propia ley de transparencia, y a las resoluciones que ha emitido la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP).

 Cualquier ciudadano que ingrese una solicitud a través del módulo electrónico es advertido de que sólo cuenta con tres días para presentar el pago de los derechos que exige la ley a manera de contraprestación –60 pesos por copia certificada, 25 por disket de 3.5 pulgadas, 30 en caso de elegir disco compacto, o 1.50 por cada copia simple— una vez que ha sido notificado de que la información ya está disponible, a pesar de que dicha disposición no está contenida en la ley de transparencia estatal.

La limitante de tiempo es aplicada arbitrariamente –sin especificar en el documento de advertencia que se trata de una disposición contenida en el Código de Procedimientos Civiles al que se acude de manera supletoria— pues hasta el momento sólo se tiene documentado un caso en el que la Oficina del Titular del Ejecutivo intentó impedir el acceso a la información negando la entrega del recibo correspondiente.

En dicho caso el Sujeto Obligado, en este caso la oficina de transparencia del gobernador del estado –que atiende Ana Belén Mendieta Lozada, una de las aspirantes a ocupar la vacante en la CAIP que dejó la excomisionada Josefina Buxadé Castelán— primero se negó a entregar el recibo para el pago del documento esgrimiendo como argumento la disposición del pago en un lapso no mayor a tres días como se establece en el Maipep, después dejó transcurrir todo el proceso que se sigue en el recurso de revisión, que duró cinco meses, y unas horas antes de que se dictará la resolución en la CAIP sobre el caso puso a disposición del solicitante el documento de pago, evitando así una sentencia en contra más.

Información a precio de oro

La Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública (Sedecap), responsable del Maipep, también decidió incluir en el documento informativo que se despliega cuando se inicia una solicitud de información la siguiente leyenda:

“La información y documentación comprobatoria del ejercicio del gasto público que, en términos de las disposiciones oficiales aplicables no exista impedimento para proporcionarla, sólo se entregará en forma certificada, previo el pago de los derechos”.

Con el anuncio lo que se intenta es limitar el acceso a dicha información pues cada folio fotocopiado alcanza un precio de 60 pesos.

La Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) intentó ya en una ocasión utilizar esta argucia para restringir el acceso a la información que según la ley debe ser gratuito.

En respuesta a un par de solicitudes para conocer el manejo de los recursos de la partida 2701 –que se refiere al vestuario, ropa y uniformes adquiridos por el gobierno del estado— durante los tres primeros años del gobierno marinista la secretaría de Finanzas intentó obligar al solicitante a pagar casi 4 mil pesos por 68 hojas certificadas.

Y argumentaba: “Se le comunica que por normatividad de la Secretaría de Finanzas y Administración la información que emana de la documentación que obra en los archivos de la Dirección de Contabilidad y del Sistema Contable, se dará solo certificada debido a que contiene datos dictaminados por Despacho de Auditores Externos, aprobados y dictaminados por el H. Congreso del Estado en la Cuenta Pública, con la finalidad de que no se altere la información que se proporciona.”

La CAIP en el análisis del caso concluyó primero que la documentación solicitada es pública y debe ser entregada sin mayor preámbulo, “la información solicitada es de carácter público, toda vez que los conceptos que engloba la partida 2701 y que adquiere el Gobierno del Estado, los adquiere con recursos públicos en ejecución de su presupuesto asignado, por lo que se encuentra en las obligaciones de transparencia establecidas por el artículo 9, específicamente en las fracciones V y VIII, referentes a que los Sujetos Obligados deberán poner a disposición del público informes sobre la ejecución de su presupuesto asignado”.

Pero además reconoce que “del análisis de la normatividad aplicable para la Secretaría de Finanzas y Administración no se advierte que exista disposición que establezca que la información se otorgará sólo certificada, por lo que el Sujeto Obligado al no hacer mención del precepto legal en el que funda sus respuestas, éstas carecen de legalidad, debido a que sólo manifiesta que por normatividad se otorgará en copia certificada, sin que en ningún momento fundamentara su dicho en alguna norma específica”.

Situación que se repite en el documento informativo que se despliega en el Maipep al momento de iniciar el procedimiento de solicitar información pública.

Ernesto Aroche Aguilar

La comisión de Gobernación resolvió por unanimidad destituir del cargo al presidente de la Comisión de Acceso a la Información Pública, Antonio Juárez Acevedo, luego de casi 14 meses de que se hiciera público que fungía como secretario general de la Agrupación Pólitica Nacional (APN), Plataforma Cuatro, violando con ello la ley estatal de Transparencia.

 Los integrantes de la Comisión dejaron en manos de la Secretaría de Desarrollo y Evaluación de la Administración Pública (Sedecap) la aplicación de sanciones administrativas, económicas y la inhabilitación del sujeto.

 El dictamen todavía tendrá que ser aprobado el lunes 14 de diciembre por el pleno de la 57 legislatura, pero se espera que pase sin mayor problema.

 Además del acuerdo logrado por unanimidad entre las tres fuerzas políticas representadas en la comisión a cargo –PRI, PAN y Panal—, los legisladores insistieron en que se trata de un hecho histórico para el Congreso “al ser el primer procedimiento de este tipo que se inicia y concluye en forma sancionatoria”,  según palabras del priísta Pablo Fernández del Campo.

 El legislador señaló que la decisión de destituir del cargo a Juárez Acevedo se tomó basada en el artículo 27 de la ley de transparencia, pero que las sanciones que el caso implique, basados en la ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, deberán de ser tomadas por la Sedecap, pues el Congreso carece de facultades legales para ello.

 También especificó que será la misma Contraloría la que definirá si se inicia algún procedimiento penal en contra del integrante de la CAIP al haber mentido al Congreso al haber ocultado su participación en la APN.

 Por su parte, el líder de la bancada panista e integrante de la comisión de marras, Eduardo Rivera Pérez, cambió el tono del discurso que había mantenido en las últimas semanas al festejar al acuerdo al que se llegó para ordenar la destitución de Juárez Acevedo.

 Se dijo “satisfecho y conforme” por la decisión que se tomó, “hay también un conceso por la sanciones que se le deben imponer al funcionario correspondiente, hay diversas propuestas asentadas en el acta, pero es importante señalar que en cuanto a la inhabilitación y sanción administrativa la ley es muy clara al señalar que eso le corresponde a la Sedecap llevar a cabo el procedimiento.”

 Sobre la sanción de tipo penal Rivera Pérez explicó que aún cuando los panistas buscaban que fuera el Congreso el que interpusiera la demanda de tipo jurídico el acuerdo fue que será al Sedecap quien se encargará del tema.

 Explicó también se dejó en manos de la Sedecap no solo de la aplicación de las sino además el tipo de sanción que corresponderá en este caso.

 “Estuvimos estudiando la posibilidad (de sugerir sanciones), pero hay que ser muy cuidadosos, si imponemos una sanción, puede haber una invasión de competencia de una autoridad sobre otra y eso podría restarle solides a la resolución”.

 Aunque señaló que de acuerdo a las sanciones que se establece en la Ley de Responsabilidades, la inhabilitación podría ser de 5 a 12 años, y las sanciones administrativas podría llegar hasta los 8 millones de pesos.

La destitución aberración jurídica: Juárez Acevedo

 Antonio Juárez Acevedo, sostuvo que su destitución como presidente de la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP), es una aberración jurídica por parte del Congreso del estado provocada por la presión mediática, esto unas horas antes de que se supiera la decisión final de los diputados responsables de emitir un dictamen sobre el caso.

 En declaraciones a un diario de circulación local el aún funcionario dejó entrever que podría recurrir a la corte federal para sostenerse en el cargo que ocupa desde el 2004, año en que fue seleccionado para ocupar un asiento en la CAIP.

 En palabras textuales Juárez Acevedo declaró:“Me quieren crucificar por algo que no me han probado, pero por si fuera poco, la semana pasada los legisladores autorizaron el nombramiento de Blanca Lilia Ibarra como miembro de la CAIP, siendo que su caso se encuadra en una situación similar a la mía, es decir, ella era titular de una dependencia municipal, por lo que estaría inhabilitada para el cargo, ella no tiene la culpa, pero no le aplicaron la misma ley- artículo 21 fracción sexta- que a mí ahora me condena, y eso no es más que una aberración jurídica”

 “Esperaré con azoro para saber de qué son capaces en el Congreso del Estado, y para comprobar que a los diputados locales se les olvidó la ley al verse acorralados por los medios de comunicación”.  Hoy la espera ya terminó, Juárez Acevedo deberá abandonar su puesto.

No me interesa participar nuevamente: Buxadé

 La comisionada “incómoda”, Josefina Buxadé Castelán, descartó la posibilidad de volver a participar en el proceso de sustitución de Antonio Juárez Acevedo, como integrante de la CAIP.

 A partir de hoy, cuando se confirme la resolución del Congreso de destituir a Juárez Acevedo se abrirá una vacante en la CAIP, pues el actual suplente del funcionario defenestrado ocupa un puesto como Consejero en el Instituto Estatal Electoral. Con ese panorama el Congreso tendrá que volver a convocar a los interesados en ocupar el cargo, aunque todavía no se tienen fechas previstas para eso.

 Por lo pronto la comisionada saliente se descartó ya para buscar nuevamente un espacio en la CAIP, al tiempo en que informó que en los próximos días interpondrá un amparo en contra de la decisión del Congreso de imponer como comisionada a Blanca Lilia Ibarra Cadena.

Explicó que su decisión de ampararse responde no sólo a la presunta imposibilidad de Ibarra Cadena para ocupar el puesto, pues violenta la ley estatal de transparencia, además fue producto de un procedimiento con deficiencias jurídicas.

Artículo 58.- Las sanciones por responsabilidad administrativa consistirán en:

I.- Derogada;

II.- Amonestación privada o pública;

III.- Suspensión hasta por seis meses;

IV.- Destitución del empleo, cargo o comisión;

V.- Sanción económica;

VI.- Inhabilitación temporal hasta por doce años, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.

Cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto u omisión que implique lucro o cause daños o perjuicios, ésta será de uno a cinco años si el monto de aquellos no excede del equivalente a cien veces el salario mínimo mensual vigente en el Estado, y de cinco a doce años si excede de dicho límite.

Fuente: Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla

La aún comisionada de la CAIP busca repetir en el cargo

Ernesto Aroche Aguilar

 “Hay gente que piensa que la transparencia es un peligro, cuando en realidad es un arma de legitimación”, con esa idea en mente la tarde de ayer la aún integrante de la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP), Josefina Buxadé Castelán presentó en el Congreso su postulación para repetir como comisionada de la CAIP.

 La académica, con estudios de maestría avalados por la Universidad de Barcelona, llegó impulsada por tres de las instituciones educativas más importante del estado –UDLA, UIA y Upaep—, un par de organizaciones civiles –México Abierto y la Fundación para la Libertad de Expresión— y el sindicato patronal del estado –Coparmex—.

 Pero carga con el estigma de estar catalogada desde el gobierno del estado y el priismo estatal, como la comisionada incomoda, por sus acciones y su trabajo por transparentar en tanto sea posible las acciones de gobierno y el manejo de los recursos públicos.

 De hecho la bancada priista ya dejó en claro, primero a través del presidente de la Comisión de Transparencia en el Congreso, Jorge Ruiz Romero, y luego en voz del ex lector de noticias hoy metido a legislador, Luis Alberto Arriaga, que apostarán por incrustar en la CAIP a otros actores.

 Josefina Buxadé platicó con El Columnista sobre las razones y los escollos que podrá encontrarse en ese camino.

 Reportero (R): -¿Cuáles son tus razones para querer repetir en el puesto comisionada?

 Josefina Buxadé Castelán (JFC): -Creo que hemos hecho un trabajo interesante en la comisión, no todo lo que hubiéramos querido, pero mi postura personal en muchos casos sí ha permitido pequeños avances en el acceso a la información pública.

 Creo además que estoy suficientemente preparada, he estado estos cuatros años aprendiendo, capacitándome, creo que se puede aprovechar mi experiencia y mis conocimientos y mi postura con respecto a la información pública, por eso quiero continuar en esto. Y como dije en el pleno, no lo había considerado como una posibilidad, ya tengo mis clases asignadas para el próximo semestre, pero en el momento en que una Asociación Civil me pide proponerme, primero me halaga y creo que reafirma el compromiso con la transparencia.

 R: El martes Jorge Ruiz Romero, presidente de la comisión de Transparencia en el Congreso, comentaba que tu participación “contaminaría” el proceso.

 JBC: Es una percepción el diputado, muy respetable desde luego, pero si ellos consideraran que un comisionado saliente o un ex comisionado, pues lo deberían de haber establecido claramente en la ley que reformaron en junio, podrían haber establecido que un requisito era no haber sido comisionado, como un requisito es que nadie que haya sido integrante del IFE en los últimos años puede postularse al proceso. Pero no lo hicieron y con eso evitarían esta supuesta contaminación.

R: ¿Eso deja abierta la puerta a que cualquiera que haya pasado por la CAIP pueda regresar?

 JBC: Si, mientras no reformen la ley. Roberto Díaz Saenz o Josefina Buxadé no están imposibilitados.

 R: Decías hace rato que prevés ataques o un ambiente hostil por tu postulación, ¿de quién podrían venir estas actitudes?

JBC: Específicamente de la gente que todavía no entienden que es el acceso a la información pública y la transparencia y ven en mi una figura incómoda y hasta peligrosa, cuando en realidad he sido muy responsable, ahí están mis resoluciones, que es lo que habla de mi trabajo, he protegido la información reservada cuando hay que protegerla y he impulsado que se entregue la información que es pública. No he tenido una conducta y irresponsable o peligrosa, pero hay gente que lo ve así, hay gente que piensa que la transparencia es un peligro para los gobiernos, y esa gente es la que puede no estar contenta.

 No sé exactamente quienes, pero tengo la impresión de que en los niveles más altos de gobierno si debe haber un interés por la transparencia, porque a cualquier gobierno le conviene legitimarse. La transparencia es un arma muy fuerte para los gobiernos porque es decir ‘estoy haciendo bien las cosas’, creo que a niveles altos la transparencia debe funcionar, pero también hay gente a la que eso no le resulta muy cómodo.

 También nos hemos dado cuenta que si se están haciendo bien las cosas no dejarás de ser el incomodo porque ahí se genera un conflicto de intereses, yo nunca me he confrontado, siempre he sido muy institucional, y me gustaría que hubiera una mayor interlocución con los sujetos obligados, porque a lo mejor es solo que no se ha entendido muy bien y es responsabilidad de la CAIP hacérselos entender.

 Deberíamos tener una mejor relación con los Sujetos Obligados, ya lo había dicho en un pleno hace 15 días, cuando pedía que hubiera una relación más cercana con la Secretaría de Finanzas porque están contestando inadecuadamente, pero a lo mejor es que no han entendido bien, no prejuzgo que haya mala voluntad. Porque no nos acercamos y les explicamos, y con eso vamos a promover que se respondan bien para que tengan menos recursos de revisión, a ellos no les conviene tener muchos recursos.  Entonces hablemos con ellos, y si es necesario vayamos con el secretario para establecer convenios, aunque no hubo buena acogida (en el pleno) para esta propuesta, pero creo que con diálogo podemos mejorar el acceso.

José Ojeda, politólogo de la Universidad Iberoamericana y uno de los impulsores de una iniciativa de ley de transparencia de carácter ciudadano, aseguró que aún analiza la posibilidad de participar en el proceso de renovación de los integrantes de la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP).

Lo anterior lo de que el día de ayer se publicara por parte del Congreso del estado la convocatoria para la selección de aspirantes a ocupar el puesto que dejará vacante en la CAIP los primeros días de enero la actual comisionada Josefina Buxadé Castelán, al concluirse el tiempo por el cual fue electa.

El académico reconoció además que hay las condiciones necesarias para “levantar” al organismo garante de la transparencia del desgaste en que la metió el actual presidente de ese organismo, Antonio Juárez Acevedo.

“Creo que hay condiciones para el fortalecimiento del organismo, pero se tiene que abonar en ese sentido, a la CAIP le toca un papel, pero no es solo la responsable de que realmente se pueda dar el acceso a la información y la transparencia, yo creo que el organismo claramente tiene esa posibilidad de poderse consolidar y salir del desgaste que en nada ha ayudado a fortalecerla de cara a la ciudadanía. Creo que si hay condiciones con la infraestructura que tiene”.

Vas o no vas

Ojeda, una de las cabezas más visibles de la organización Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra), asegura que la posibilidad de ingresar a la CAIP no ha estado en sus planes, aunque al final de la charla con El Columnista terminará reconociendo que si existe el interés de su parte.

“No ha estado en mis planes, hoy me han comentado en diferentes momentos la misma pregunta, pero no conozco la convocatoria y no sé que piense la institución. (la UIA). Es cuestión de valorar también las condiciones, pueden existir unas condiciones de desgaste innecesario que ni siquiera ayuden en este momento a fortalecer la institución, hay que ver como viene la convocatoria”.

¿Es una institución desgastada?

–Se ha desgastado la CAIP, pero no por su trabajo, sino por el escándalo en que se metió el actual presidente de ese organismo al faltar incluso a la misma ley, sin embargo creo que el proceso de fortalecimiento de la CAIP se quedó trunco a pesar del trabajo de los otros dos comisionados, Samuel Rangel y Josefina Buxadé, ellos hicieron la parte que les corresponde.

“Para poder evaluar a la CAIP se hace desde el escándalo no a partir de lo que están haciendo los comisionados, todo lo que se está haciendo como los foros nacionales que se organizaron ha quedo opacado y deslucidas, pero sí, creo que hay condiciones”.

¿Hay condiciones a pesar de que este momento la ley está siendo juzgada y analizada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación?

–Si, todas las leyes son perfectibles, pero no podemos a esperar a lo que diga la Corte, si estas acciones de inconstitucionalidad son validas o no lo son, si se va a rehacer otra ley o solo adaptar a lo que diga el (artículo) sexto constitucional. Las instituciones necesariamente tienen que caminar, no se pueden quedar estáticas a esperar que los diferentes actores locales o nacionales se metan ahí.

¿Vas o no vas entonces?

–En este momento no podría decirte, si solo dependiera de mi solamente te diría que si pensaría en buscarlo, pero no depende de mí, depende de buscar en los diferentes organizaciones de la sociedad civil, en los diferentes actores que hemos trabajado en eso, probablemente (podría ser) Lilia Vélez, o en otros muchos más actores que están trabajando desde su trinchera que están abonando en la cultura democrática y de transparencia, en la cultura de la rendición de cuentas y la cultura de la contraloría social.

Son prácticamente dos espacios los que hay que ocupar, uno es el de Josefina Buxadé, pero seguramente será también el de Juárez Acevedo, ya mencionaste a Lilia Vélez como un posible candidato, ¿a quien más ves con posibilidades?

–Hay muchos actores, el mismo ex presidente de la comisión de transparencia municipal, Leonardo Corro, que es alguien que ya ha trabajado estos temas, y hay otros tal vez menos visibles mediáticamente, pero que también trabajan el tema, gente de la BUAP, la UDLA. Hay que buscar que la convocatoria realmente esté abierta a todos los interesados.

La Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP) ordenó a la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) entregar la información sobre los vehículos de lujo del que mantiene el gobierno del estado, especificando a que secretaría está sectorizado, costo y el nombre del proveedor.

 Aunque en la sesión pública en la que se resolvieron dos recursos de revisión referentes a temas similares la comisión rechazó ordenar la entrega específica de la información de los vehículos que atienden los traslados de los titulares de las dependencias, y su correspondiente costo.

La sesión no estuvo exenta de señalamientos a las autoridades estatales por el intento de mantener bajo reserva información “argumentando causales de reserva que no existen en los acuerdos de clasificación”, como apuntó en su participación el presidente del organismo, Antonio Juárez Acevedo.

O las críticas que lanzó la comisionada Josefina Buxadé Castelán, al señalar que la información que se negó “por no estar desglosada de la manera en que se pidió” bien pudo ser entregada como se hizo con los listados de autos solicitados y para los cuales se generó documentación específica como se puede constatar al observar esa documentación.

Revocan una, confirman la otra

En la sesión pública que se llevó en la CAIP la mañana de ayer resolvió sobre dos recursos de revisión que se recibieron hace casi seis meses. En el primero de los casos el solicitante pidió:

“información del parque vehicular del gobierno del estado, en un informe desglosado que contenga cuantas unidades se han asignado o sectorizado a cada dependencia, órgano desconcentrado y entidad paraestatal. Solicito también un listado con marca, tipo de vehículo y modelo, número de placa, proveedor —razón social— con el que fue comprado, monto que se pagó por el vehículo y funcionario, cargo, puesto u oficina a la que se tiene asignada o sectorizada la unidad.

“En una tercera lista solicito información específica sobre las unidades que atienden los traslados de los titulares de todas las dependencias del gobierno del estado (Gobernador, todas las secretarías e incluso al Sistema DIF estatal): marca, tipo de vehículo, número de placa, proveedor, razón social, monto que se pagó por el vehículo y partida utilizada. De todo lo anterior pido copias de los documentos que lo prueben (contratos, facturas, tickets de compra, recibos, etc).Solicito que la información sea entregada de versión digital cuando sea posible o en copia simple cuando esto no pueda ser de otra manera”.

La información que entregó en su momento el sujeto obligado solo alcanzó para atender la primera parte de la petición, pero sin ofrecer información alguna sobre los proveedores del parque vehicular oficial.

En este recurso, el comisionado Samuel Rangel propuso se confirmara la respuesta sin entrar a analizar la posibilidad de obligar al sujeto obligado –en este caso la SFA— a entregar la información sobre el proveedor y la documentación probatoria del gasto.

En el segundo de los casos, en donde si fue revocada la respuesta inicial, el solicitante requirió se le informara “a que dependencia, órgano desconcentrado o entidad paraestatal se tienen sectorizados o asignados los siguientes vehículos: GM Equinox, placa. TUE-92-74; Toyota Land Crusier, placa TW-7879, modelo 2006; Volvo XC90, placa 953-TRJ, modelo 2005; GM Trail Blazer placas TVA-21-21, TVA 21-11. TVA 21-25, TVA 21-28”, modelo 2007; Durango placas TVA 23-05, TVA 23-23, TVR 87-11.modelo 2007; Honda CRV placa TVU 36-14; solicito también el costo que se pagó por dichos vehículos y la razón social o nombre del proveedor”

En este último caso el pleno de la CAIP aprobó por unanimidad el ordenar a Finanzas la entrega de la información puntual en un lapso no mayor a 15 días hábiles.