Por Fernando Pérez Corona | e-Consulta
Martes, 01 de julio de 2008. Antes de iniciar el debate para reformar la Ley de Transparencia, el Congreso local tendría que haber resuelto el caso del presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), Antonio Juárez Acevedo, y sus supuestos antecedentes políticos encubiertos para ocupar el cargo, coincidieron representantes del sector empresarial, quienes esta semana empezaron a reunirse con los coordinadores de las bancadas parlamentarias.
El presidente del Centro Empresarial de Puebla, Luis Mora Velasco, confió en que PAN y PRI promuevan la modificación legislativa para conceder autonomía a la CAIP, además de tener “voluntad política para zanjar” el caso de Juárez Acevedo, sobre quien, dijo, hay que hacer una investigar a fondo; “nos hubiese gustado mucho (a los empresarios) que (este tema) se hubiera dilucidado antes del análisis de la reforma”.
En entrevista con e-consulta, lamentó que la fracción legislativa tricolor no le haya dado importancia a la rendición de cuentas; empero, exhortó a los diputados a escuchar las demandas de la sociedad.
Asimismo, advirtió: “si (la CAIP) tiene algún pendón o cordón umbilical hacia el Ejecutivo (gobernador Mario Marín Torres), yo creo que es difícil realizar una labor plena”; Mora Velasco admitió su preocupación por la crítica nacional hacia la ley poblana en la materia, pero subrayó que “estamos a tiempo de darle una nueva visión a Puebla”.
En contraste, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Gabriel Huerta Ortega, se mostró mesurado respecto a la posible autonomía requerida por la CAIP, pues opinó que esta alternativa debe estudiarse a fondo; “quizá en este momento no se tiene la plataforma para poder llevar a cabo una situación así, pero es deseable”.
Los presidentes de los principales organismos empresariales de Puebla empezaron a reunirse esta semana con los integrantes de las fracciones parlamentarias. Hace unos días, tuvieron el primer acercamiento con el PAN, posteriormente lo harán con los líderes del PRI; a la par, solicitaron información a la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública (Sedecap) para conocer la aplicación de la ley
